Las claves del interrogatorio del juez Ángel Hurtado al fiscal general del Estado: "¿Filtró el correo?"; "Rotundamente no"

Antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se siente por primera vez en la historia en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de correos electrónicos a medios de comunicación, el Tribunal Supremo ha ofrecido los vídeos de las declaraciones incluido el interrogatorio. Unos documentos ha los que ha tenido acceso El País en el que el fiscal reconoce que en ningún caso envió precisamente esos correos a ningún medio de comunicación o miembro del Gobierno central. El hecho tuvo lugar el 29 de enero de 2025. 

Se trata de la primera ocasión en la que se difunde un vídeo en el que un fiscal general del Estado comparece como investigado. "¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación?", preguntaba el abogado del Estado a Álvaro García Ortiz que se encontraba sentado. La respuesta fue bastante más concisa. Tan sólo le bastaron dos palabras: "Rotundamente no". 

El fiscal general del Estado además explicaba durante su intervención que sólo contestaría a las preguntas de su propio abogado y de la Fiscalía. "La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y fue recurrida, ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad (y) no ha sido, no ha sido resuelto ese recurso", aseguraba García Ortiz donde matizaba que "quiero hacer una mención a por qué no voy a contestar a alguna de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene una legitimación para estar en este proceso. Creo que la querella [...] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción", proseguía. 

Precisamente el fiscal general del Estado se refería a que la querella de González Amador omitía datos tales como que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que le había enviado a su abogado el fiscal del caso. También se le cruzaron declaraciones con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Ella afirmó que le preguntó directamente si había filtrado los correos, a lo que él habría respondido que eso "no importa ahora, lo importante es sacar la nota". García Ortiz rechazó esa versión y sostuvo que nunca reconoció haber filtrado nada.

Otro punto controvertido fue el registro judicial de su despacho y la clonación de su teléfono móvil: el fiscal defendió que borrar los datos de su móvil es una práctica legal y negó que haya sido con la finalidad de eliminar pruebas. También criticó el registro de su despacho como "impensable" dado su cargo. "Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea", dijo. 

"Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo que se entre en el despacho del fiscal general y que se le incauta el dispositivo. Es inimaginable", concluía  García Ortiz.

La información surge escasas semanas antes de que, por primera vez en toda la historia, el fiscal general del Estado se siente en los banquillos de los acusados. Un hecho sin precedentes con el que todo el país estará pendiente de un proceso judicial único: que se juzgue al máximo representante de la Fiscalía.