Maricarmen, la vecina de 87 años a la que quieren desahuciar de la casa en la que vive desde hace 70: "Conmigo no van a poder"
Su padre firmó un alquiler en 1956 en el entonces no tan rico barrio del Retiro de Madrid. Ahora, los nuevos propietarios del inmueble quieren echarla el próximo miércoles 29 de su casa si no afronta un alquiler superior a la pensión que cobra.
Maricarmen tiene 87 años y es vecina del barrio del Retiro, en Madrid, desde hace casi 70 años. Vive en un piso de la calle Sainz de Baranda, ahora una de las más caras de la capital, desde que su padre firmara un primer contrato de arrendamiento en 1956. Su progenitor, ya fallecido, suscribió entonces lo que luego se conocería como alquiler de renta antigua, un tipo de inquilinato que en principio buscaba garantizar el derecho vitalicio a habitar la vivienda tanto por quien hubiera firmado el acuerdo como por el cónyuge y los descendientes que vivieran en el domicilio. Pero ahora, 69 años después y al borde de los 90 años de edad, Maricarmen enfrenta su desahucio. Un Juzgado ha fechado su desalojo para el próximo 29 de octubre. Maricarmen nunca pensó que algo así pudiera sucederle. "Yo esperaba una vejez tranquila", cuenta a El HuffPost.
¿Cómo se ha llegado a este punto? Lo explican desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que acompañan a Maricarmen en la lucha por evitar su desalojo. En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos de Maricarmen vendió el inmueble a Renta Corporación, "uno de los grandes holdings inmobiliarios de España". La empresa propuso a Maricarmen que comprara su piso, pero no podía permitirse el precio, casi unos 300.000 euros, por lo que al final se lo vendieron a Urbagestión, "una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias".
"Con Urbagestión — señalan desde el Sindicato de Inquilinas — llegaron los problemas". Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, se empeñaron en desahuciar a Maricarmen. Según ellos, su contrato debía haberse extinguido en 2007. Según la ley vigente, la segunda subrogación del arrendamiento (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) solo podría tener una duración de dos años, "salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%". "Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de 'tan solo' el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada", denuncian desde el sindicato.
El problema aquí, además, es que la de Maricarmen es la segunda subrogación por culpa de las leyes de la dictadura: "Si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. Las leyes machistas del franquismo hicieron que eses primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer en el matrimonio".
Con la intención de echar a Maricarmen de su vivienda, los nuevos propietarios la llevaron a los tribunales. Aunque en primera instancia la Justicia dio la razón a la vecina, tras varios recursos los empresarios lograron que el pasado mes de marzo de 2024 el Tribunal Supremo se pusiera de su lado. Si la vecina quiere evitar su desalojo, tendría que afrontar un alquiler mensual de 1.650 euros, casi un 300% más de lo que paga ahora y cuando la empresa sabe que solo cobra 1.450 euros mensuales de pensión. Pero Maricarmen no está dispuesta a dejar su casa. No lo estuvo el 31 de mayo de 2024, la fecha que le habían puesto de plazo para abandonar su hogar, ni lo está ahora, cuando amenazan con hacer efectivo su desahucio. Como muchas otras inquilinas, esta vecina se ha sumado a "la estrategia #NosQuedamos, [...] la única forma efectiva de frenar la escalada de los alquileres en ciudades que, como Madrid, se niegan a aplicar la regulación de precios prevista en la Ley de Vivienda estatal".
Maricarmen conoció al Sindicato de Inquilinas de Madrid a través de un amigo. "Me informó de me podían ayudar y comencé a ir a sus asambleas. Desde entonces, me han ayudado muchísimo, me han apoyado y los tengo constantemente a mi lado. Vamos a luchar conjuntamente para llegar a un final feliz", relata Maricarmen, que lamenta no contar con ningún amparo por parte del Gobierno, "absolutamente ninguno". "Lo que debe hacer el Gobierno, si es que quiere parar de alguna vez todos los desahucios que hay en España, es hacer un cambio en la Ley de Vivienda y convertir los contratos en indefinidos para que la gente no piense siempre que tiene un techo provisional y que les pueden echar a la calle en cualquier momento", reclama esta vecina.
Pese a notarse un "poco cansada" cuando llega la noche, Maricarmen afirma llevar "la lucha bastante bien". "Conmigo no van a poder", confirma.
ACTUALIZACIÓN: La empresa Urbagestión se ha puesto en contacto con este medio para aclarar, como ya se ha informado con anterioridad, que el desahucio se corresponde con una "sentencia firme ajustada a Derecho". Confirman, asimismo, que ofrecieron a Maricarmen un nuevo alquiler a un precio inferior a los similares en la zona (en estos momentos una de las más ricas de Madrid) y la posibilidad de disponer del piso "al menos cuatro meses al objeto de poder buscar otra vivienda donde residir si ese fuera su interés", algo que ella ya ha manifestado que no buscaba. "Urbagestión ha comprado única y exclusivamente esta vivienda (ninguna otra), y en concreto para incluirla en su patrimonio sin intención de proceder a su venta, y NO es propietaria de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada no se trata de un 'fondo buitre', sino de una sencilla y simple PYME", aseguran desde los servicios jurídicos de la empresa.