Mónica García quiere acabar con la ley que abrió la puerta a la privatización sanitaria y acusa a Ayuso de "maquillar" las listas de espera

La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que el Gobierno derogará la ley 15/1997, la norma que abrió la puerta a la colaboración público-privada con empresas con ánimo de lucro en la sanidad y aprobada durante el mandato de José María Aznar, según ha declarado en una entrevista a El País.

El Ejecutivo prevé aprobar una nueva ley "de integridad" del Sistema Nacional de Salud a principios de 2026 para "blindar la sanidad pública" frente a fondos de inversión y modelos depredadores".

Según la ministra, el futuro del texto lega limitará qué entidades podrán participar en la gestión sanitaria y cerrará la puerta a esquemas que incentiven la selección de pacientes menos costosos. 

La propuesta llega después de la investigación publicada esta semana por El País, que reveló órdenes del CEO del grupo Ribera, Pablo Gallart, para evitar pacientes no rentables. Un asunto que, según García, "demuestra que se ha pervertido la colaboración público-privada, hasta convertirla en una parásita público-privada".

Una ley que no prohíbe la colaboración, pero sí el beneficio privado

La ministra matizó que la nueva norma no eliminará todas las fórmulas de colaboración público-privada, pero sí impedirá que puedan participar compañías cuyo objetivo sea obtener beneficios. 

Este marco dejará fuera modelos como Alzira, Torrejón o la Fundación Jiménez Díaz, donde la gestión ha estado en manos de operadores privados que -según múltiples informes y sentencias autonómicas- aplicaron sistemas de selección de pacientes y optimización económica. García aseguró que el ministerio "está ultimando" el texto y que llegará al Consejo de Ministros a principios de 2026.

García anuncia que irán a Fiscalía por posibles delitos de lesiones

La ministra no descartó acciones penales tras las revelaciones sobre el grupo Ribera: "Vamos a ir como Ministerio y como grupo político Más Madrid a la Fiscalía por un delito de lesiones contra los pacientes".

Según su valoración, las instrucciones internas que han salido a la luz podrían haber generado un perjuicio directo en la salud de determinados pacientes por criterios de rentabilidad, algo incompatible con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 

Choque con Ayuso: "No somos tontos"

Mónica García también pidió a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que abra una investigación sobre lo sucedido, aunque duda de su voluntad real: "No, mire, señora, no somos tontos. Esto es una investigación profunda que tendría que hacerla si no fuera parte interesada", aseguró en la misma entrevista a El País.

La titular de Sanidad acusa a la Comunidad de Madrid de maquillar cifras y mantener un sistema de listas de espera que favorece las derivaciones a centros privados. Asegura que la región "sale bien" en las listas de espera quirúrgica, pero no en las de consultas o diagnósticos, que "no se pueden maquillar".

Las listas de espera se duplican en Madrid, según Sanidad

García afirma que desde que Ayuso gobierna, las listas de espera "no han parado de crecer". Los datos que maneja el Ministerio apuntan a un millón de madrileños esperando una prueba diagnóstica; pacientes que superan los seis meses de espera, cifra que se habría duplicado; e incentivos para derivar a hospitales como Quirón o Torrejón, aprovechando la "supuesta libre elección".

La ministra sostiene que en estos centros existe un sistema de selección económica similar al destapado en Ribera, indicando que "lo que hemos escuchando en Torrejón es lo que lleva ocurriendo en Quirán desde hace muchos años".