No tiene precedentes y sí mucha chicha: por qué no debes quitar ojo al juicio al fiscal general aunque te suene a tostón

Reconozcámoslo: no estamos en una película americana. Lo más probable es que el juicio que comienza este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea un tostón lejos de los pleitos a los que nos tiene acostumbrado Hollywood. Pese a ello, la trascendencia política que puede suponer este procedimiento es clave para lo que quede de legislatura —si es que alguien lo puede predecir— y marcará un antes y un después en la figura del máximo representante de la Fiscalía. Aún así, conscientes del poco atractivo que esto puede llegar a tener —más allá de para algunas afiladas plumas de las secciones de Tribunales de los periódicos y algún que otro obseso de las togas y mazos— vamos a intentar hacerlo algo más ameno.

Cómo surge la movida

El juicio tendrá lugar debido a una acusación de presuntas revelaciones de secretos por los correos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los hechos fueron conocidos a través de los medios de comunicación en 2024 donde fueron publicados dichos e-mails y sustentan gran parte del juicio a pesar de que los autores de las noticias ya hayan asegurado en varias ocasiones que García Ortiz en ningún caso fue su fuente. En otras palabras, se le acusa por correos publicados en los periódicos donde los propios periodistas han asegurado que no sacaron la información del fiscal.

A pesar de todo, el juez al cargo, Ángel Hurtado, decidió abrir juicio oral  contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En total, serán seis días de juicio en el que García Ortiz se enfrenta a seis años que ha pedido la acusación. De nuevo, algo sin precedentes en la historia de la democracia.

La boca del lobo y los menús semanales 

El juicio que comienza este lunes tendrá lugar en el Supremo y el tribunal estará compuesto por una amplia mayoría de magistrados conservadores y conocidos de polémicas políticas pasadas. Un escenario nada favorable para el fiscal general que se podrá ver envuelto en arduas tesituras durante las dos semanas en las que el foco mediático estará centrado en lo que suceda entre esas paredes. 

El primer testigo que dará el pistoletazo de salida este lunes será Julián Salto, el fiscal que investigó a González Amador por delitos fiscales y que se escribió con su abogado, Carlos Neira, para negociar una conformidad. Tras él le seguirán Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, hombre de confianza del fiscal general que también estuvo imputado por pedir el expediente del caso contra González Amador. Pero el plato fuerte será sin duda el martes, donde intervendrán tanto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez. 

Para escuchar a García Ortiz habrá que esperar hasta el 12 de noviembre y tan sólo será después de que lo hagan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron su despacho y el de Pilar Rodríguez el 30 de octubre de 2024. 

No se podrá ver el chisme 

Con este apasionante —ya me entienden— carrusel de declaraciones, cabría pensar que se podría ver en directo las comparecencias de González Amador, Miguel Ángel Rodríguez, Pilar Rodríguez o el propio Álvaro García Ortiz, sin embargo, el Supremo ha decidido mantener la prohibición la retrasmisión del acontecimiento. Una petición que había solicitado el diario Público y que finalmente ha sido desestimada por absoluta unanimidad. Se trata de un hecho sin precedentes en un juicio sin precedentes. De hecho, fuentes del Supremo le aseguraban al propio diario que "la regla general ha sido siempre la de retransmitirlos", pero que este no sería el caso. 

Aún así, los periodistas acreditados podrán filmar y grabar contenido dentro de la sala e informar sobre lo que está sucediendo, pero todo ello bajo la norma obligatoria de que nada de ello podrá ser retrasmitido en riguroso directo. El último caso de una trascendencia semejante fue el del procés y, como recordarán, aquel fue emitido en streaming durante cada uno de los procesos del mismo.

El fiscal sigue siendo fiscal, valga la redundancia

Ante un acontecimiento inédito como es el procesamiento del fiscal general del Estado, se podría llegar a pensar que, a la hora de sentarse en el banquillo, este no debería seguir siendo fiscal. Sin embargo, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del juez al cargo Ángel Hurtado de no suspender de forma cautelar a García Ortiz. Todo ello surge a raíz del recurso de apelación que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y que representa a la acusación popular en la causa. 

La conclusión y por lo que se ha tomado esta decisión es porque "no satisface finalidad alguna instrumental respecto al proceso penal". Además, de que no se podría justificar una medida "tan gravosa y excepcional" como retirar preventivamente a quien "ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal". 

10 días y 500 noches

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durará 10 días en total en el que el tribunal y los comparecientes establecerán todos los ingredientes necesarios para el plato final. El jueves 13 de noviembre —al menos no es ni martes ni viernes— serán las conclusiones de las acusaciones y las defensas. Dando así por concluido el proceso judicial hasta que el tribunal dicte sentencia. En caso condenatorio, será la primera vez que la máxima figura de la Fiscalía pueda ser inhabilitado hasta doce años, seis de prisión y una multa de miles de euros, depende de a la conclusión que se llegue. En caso de que todo quede en nada —como apunta a priori—, estaríamos ante uno de los casos más insólito de la historia de la judicatura española (y hay unos cuantos).

Que comiencen los Juegos Fiscales.