Primero de Mayo: más derechos, menos trincheras

Los datos macroeconómicos de España van bien. Pero muchos hogares tienen problemas para llegar a fin de mes. Nunca se ha transferido más recursos a las comunidades autónomas, pero la calidad percibida en los servicios públicos de esas autonomías es cada vez peor. Hay un consenso sobre que el problema de acceso a la vivienda es el más acuciante del país, pero nadie hace un planteamiento integral para encauzarlo y resolverlo. Las extremas derechas son sinónimo de desorden, caos, inseguridad, y guerra, pero partes crecientes de la sociedad se aferran a ellas para hacer frente a las incertidumbres de época.

Estas podrían ser algunas de las paradojas que afrontamos este Primero de Mayo, con la voluntad de poner en pie una propuesta sindical fuerte, creíble y que concite adhesión y fuerza organizada.

Hemos aprendido de lo que ocurrió tras la invasión de Ucrania. El incremento de costes energéticos y de materias primas se trasladó a los precios al consumo por parte de las empresas, sobre todo las que tienen poder de mercado. Así salvaron buena parte de sus beneficios a cambio de deteriorar el bolsillo de las familias. Los salarios no subieron en la misma proporción que los precios, y buena parte de las medidas que impulsó el Gobierno tuvieron una distribución regresiva y se las embolsaron las economías más pudientes. Es el momento de exigir subidas salariales ante la incertidumbre de la nueva guerra, ahora de Trump y en Oriente Medio. También que las iniciativas que se puedan tomar para hacer frente a la inflación sean más progresivas y lleguen a las personas más vulnerables, por ejemplo, una prestación de 300 euros a través de un impuesto negativo, para paliar los efectos de la subida de la cesta de la compra.

Los servicios públicos son la columna vertebral de una sociedad solidaria. Asistimos a la privatización parcial de algunos de los servicios esenciales que definen los derechos de ciudadanía. No es ninguna casualidad que las familias españolas cada vez se vean obligadas a dedicar más recursos a los gastos y seguros sanitarios, a la formación profesional o a la enseñanza universitaria. Tampoco que los déficits en las políticas públicas de cuidados supongan un sobrecoste en dinero o en tiempo que asumen casi siempre las mujeres, lastrando sus carreras profesionales y agravando las brechas de género. No es casualidad, sino que es consecuencia de una apuesta política: la que deteriora la atención sanitaria primaria, no provee de suficientes plazas en las redes públicas de educación o infrafinancia la ayuda domiciliaria, las residencias o la educación infantil, precarizando además los empleos en estos sectores, normalmente (y no por casualidad) feminizados.

Todo ello se produce además tras unos años en los que las transferencias de recursos a las comunidades autónomas baten récords. El gasto público ejecutado por los gobiernos autonómicos ha aumentado mucho más que el gasto de la Administración General del Estado (73.000 millones, frente a 49.000 desde 2018, excluyendo las pensiones, con lo que las CCAA ejecutan, en 2024, 235.000 millones de euros). ¿Por qué en este contexto de incremento de recursos se produce un deterioro de la calidad del servicio público y, a la vez, se refuerzan redes privadas y concertadas que cada vez acaparan más recursos de la administración, pero también del bolsillo de la gente?

La vivienda es el quebradero de cabeza para millones de personas. En muchos casos por la imposibilidad de acceder a un bien básico, lo que demora la emancipación de la juventud española. En otros, por el coste de unos alquileres disparatados, que absorben la mayor parte de los ingresos de las personas o las familias. Y, en otros, por la espada de Damocles de una hipoteca que amenaza con encarecerse si la evolución de los precios lleva a una subida de los tipos de interés.

El Gobierno de España sacó adelante una Ley de Vivienda que se quedó corta. Esa norma -y algunas de las potestades que conlleva- está siendo bloqueada por las comunidades autónomas. Desde CCOO, ya avisamos de que había que posibilitar que, si una administración autonómica se negaba a limitar precios de alquileres en zonas tensionadas, lo pudieran hacer los propios municipios. No se nos hizo caso.

Más allá de las insuficiencias de la ley, es necesaria una política integral que nos dote de dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años. Construcción sí, pero con importes razonables. No solo por construir bajan los precios. Sin más oferta de vivienda, tampoco. Hay que movilizar inmuebles vacíos, promover programas públicos que faciliten alquileres que pueda asumir la clase trabajadora, impedir la compra especulativa de casas, y limitar su uso como alojamiento turístico.

Los sindicatos vamos a hacer de la vivienda una de las banderas principales de este Primero de Mayo, conscientes de que de poco sirven las mejoras salariales que luego “se comen” los alquileres o las hipotecas desorbitadas. Consideramos necesaria una presión social que lleve al conjunto de administraciones a tomarse esta cuestión en serio. El próximo año habrá un ciclo electoral en el que este debiera ser un elemento central, porque provoca la mayor fragmentación social en nuestro país.

Vivimos tiempos confusos donde los apóstoles del caos, la inestabilidad y la guerra se presentan a sí mismos como los garantes de un orden basado en las viejas jerarquías reaccionarias, presentadas como puerto seguro ante las marejadas de la modernidad. Es el momento de enfrentarse a este riesgo involutivo mediante la puesta en pie de una alternativa humanista, laboral, material. Condiciones dignas de trabajo y de vida digna, recuperación de un contrato social para el siglo XXI, apelación a las mayorías sociales. Una manifestación es más que gente detrás de una pancarta. Es un espacio de reencuentro, de vecindad, de identidad, de empatía. Serán casi 100 las que recorran España este Primero de Mayo. Nos vemos en las calles. Derechos, no trincheras.