Ayuso dice ahora que firmarán convenios para que estudiantes no empadronados puedan tener abono

Primer acto de la mañana de este lunes y primero desde que el pasado viernes trascendió que la Comunidad de Madrid va a restringir el abono de transportes solo a los ciudadanos que estén empadronados en esta región. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha salido al paso de una de las mayores polémicas y críticas que conlleva la decisión que impedirá que quien no figure en el padrón municipal pueda solicitar o renovar la tarjeta pertinente. ¿Qué pasará con los miles de estudiantes que no pueden empadronarse para no perder, por ejemplo, una beca de movilidad?

Según Díaz Ayuso, que ha defendido a capa y espada una medida que ya se viene aplicando en otras ciudades y capitales del Estado español, la idea es la de seguirán impulsando acuerdos para que los jóvenes estudiantes que vengan a Madrid a un centro educativo puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva esta modalidad de la Tarjeta de Transporte Público Personal. 

"Del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones como, por ejemplo, Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva", ha asegurado Ayuso, en declaraciones recogidas por El País. Con todo, no ha hablado sobre el período de tiempo que puede conllevar materializar dichos convenios.

Ayuso: "Hay que pagarlo"

En esa línea, la también máxima responsable del PP de Madrid ha señalado que la posibilidad de pedir el empadronamiento como requisito lleva en vigor desde hace 15 años: "Teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños". 

Así, Ayuso —cuyo gobierno estuvo marcado por el rescate financiero a Metro de Madrid de 114 millones en 2023— ha defendido que "el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice" y que "además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y las nóminas de los trabajadores y el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlos".

Con todo, Ayuso no ha hecho referencia al otro colectivo que se verá profundamente damnificado por esta medida, los migrantes en situación de irregularidad. De hecho, cabe recordar que el Ejecutivo madrileño toma esta decisión en un contexto en el que la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid viene de experimentar altos niveles de ocupación en el marco del proceso extraordinario de regularización de migrantes.