¿Qué conlleva el decreto de la ELA?: de la financiación de la ley al nuevo grado de dependencia

El Gobierno de coalición progresista ha cumplido con una de sus mayores promesas en materia de atención a la dependencia y, de forma paralela, una de las peticiones con mayor clamor social en los últimos tiempos. La Ley ELA podrá ser materializada al 100% más allá del papel y de las partidas ya movilizadas, garantizando la atención que se incluye en la norma e incluso ampliándola. 

Se trata del anuncio que realizaban esta mañana, cada uno en sus redes sociales, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una inyección de 500 millones de euros que permitirá el desarrollo integral de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. 

Con todo, el decreto ley que este martes ha recibido el visto bueno final en la reunión del Consejo de Ministros no se reduce a una mera partida económica. También transforma, desarrolla y refuerza la atención a la dependencia con la creación de un nuevo grado del que podrán beneficiarse afectados por otro tipo de enfermedades. O mediante la creación de un nuevo derecho con acceso a una prestación pecuniaria de hasta 10.000 euros. Estas son todas las claves del nuevo decreto sobre la ELA, una a una.

La ley ELA contará con garantías de desarrollo integral con una financiación histórica

Hace cerca de un año, y después de infinidad de toques de atención y sacarle los colores a políticos de distintas formaciones, el Congreso ratificó la aprobación de la conocida como Ley ELA, pero ya entonces comenzaron a surgir las advertencias de que la norma no serviría de nada si no contaba con una financiación que la materializase. La carencia de nuevos presupuestos tampoco contribuyó a despejar los temores de que se aprobase una norma de la que los pacientes y afectados no pudieran beneficiarse en su totalidad.

Esta movilización de 500 millones de euros no ha sido la única que ha desplegado el Gobierno de coalición. Se suma a otras cifras cuya total permite afirmar que la inversión en el sistema de dependencia ha batido récord. Son 3.729 millones de euros los invertidos en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A esto aún hay que sumarle los más de 809 millones de euros que se han transferido a lo largo de la actual legislatura a los ejecutivos autonómicos y que proceden de los fondos europeos.

"La Ley ELA y su despliegue demuestran que en la política se pueden llegar a consensos que mejoran la vida de miles de personas afectadas, y que nos hacen mejores como país", ha celebrado Bustinduy durante la rueda de prensa posterior al consejo.

La nueva categoría de dependencia extrema: ¿qué es el Grado III+?, ¿atención 24 horas?

Si por algo destaca el decreto ley aprobado este martes es por la creación de una nueva categoría. Se conocerá como Grado III+ y tiene como objetivo el de garantizar la protección a las personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad. Es decir, no se circunscribe únicamente a los diagnosticados de ELA, tomando la delantera y asentando la legislación para otro tipo de enfermedades, también complejas y de carácter irreversible que hayan alcanzado fases avanzadas.

Por otro lado,  se cumple con otra de las peticiones de los pacientes de ELA y sus familiares y allegados. Habrá atención continuada 24 horas, pero además adaptándose a la realidad individual de cada paciente. Para ello se desarrolla un nuevo derecho a una prestación. 

Derecho a una prestación de 10.000 euros por paciente

El antes mencionado nuevo derecho a una prestación que articula este decreto ley tiene como finalidad garantizar esa atención 24 horas a los pacientes en fases más avanzadas. Se trata de una partida de hasta 10.000 euros por paciente, concretamente 9.860 euros, que será financiada a partes iguales entre ambas administraciones. 

Es decir, el Gobierno central pondrá un 50% y el Ejecutivo de la comunidad autónoma el otro 50%. Dichas partidas se repartirán en 14 pagas hasta alcanzar un montante anual de 118.423 euros. En esta línea, el ministro de Derechos Sociales -en el ala de Sumar en la coalición- se ha referido a esa atención hablando de "una atención cercana y comunitaria, que cuide a las personas en función de sus necesidades y deseos y que ofrezca condiciones dignas a las personas que proveen esos cuidados".