¿Quién es Teresa Peramato, futura nueva fiscal general del Estado?
No, no es un relevo más para García Ortiz, la salmantina cuenta con una labrada trayectoria en la lucha contra la violencia sobre la mujer y un perfil marcadamente progresista. Y sí, posiblemente, la derecha ya esté rabiando.
No es solo la persona llamada a ejercer uno de lo mayores roles en el mundo del derecho a la hora de la persecución de delitos en España y la defensa de la justicia, también irrumpe en un momento especialmente convulso en el que las costuras partidistas de este mundo no solo están viéndose sino a punto de saltar por los aires. Es la mujer que el Gobierno quiere que releve al inhabilitado ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, quien ayer presentó su renuncia sin saber todavía las razones exactas por las que ha sido condenado por revelación de secretos en la causa de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esta es la suerte de carta de presentación que acompaña a Teresa Peramato Martín (Salamanca, 1962). No ha habido sorpresas en las quinielas en cuanto al perfil, que el Ejecutivo ya deslizó que buscaba a alguien marcadamente progresista como respuesta a un fallo jurídico de un Tribunal Supremo con mayoría conservadora -y cierta cita de un diputado popular sobre lo que ocurre en la Sala Segunda-, pero Peramato encarna una apuesta mayor a mandar un mensaje político. Y no es casual que hayamos conocido su nombre en pleno 25-N.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno ha desvelado que una de las voces más autorizadas y representativas de la lucha contra la violencia machista llevará la toga y las riendas de la Fiscalía General del Estado (FGO). Será la cuarta mujer en hacerlo, después de Consuelo Madrigal (2015-2016), María José Segarra (2018-2020) y Dolores Delgado (2020-2022) -sin tener en cuenta el paso interino de María Ángeles Sánchez en verano de 2022-.
Una labrada trayectoria contra la violencia machista
Si no hubiera ocurrido el 'caso García Ortiz' -todavía pendiente de recurrir a instancias superiores como el Constitucional o incluso Estrasburgo-, todos los titulares apuntarían al factor clave de Peramato, su condición como pilar de la lucha contra la violencia machista en el mundo del derecho. Y no se equivocarían un milímetro. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca -además de su alma mater, también su tierra salmantina-, comenzó labrándose su carrera en el ministerio fiscal en las audiencias provinciales de Tenerife y Valladolid.
Después dio el salto a los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid. En esa última parada, fue donde se convirtió en Fiscal Delegada de la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la Sección de Violencia sobre la Mujer y Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala Contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado. También ha sido fiscal ante el Tribunal Constitucional y actualmente, desde comienzos de este mismo año, es la Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo. Sí, mismo tribunal cuya Sala Segunda ha condenado a García Ortiz.
Más allá de su paso por las fiscalías de distintos tribunales españoles, Peramato cuenta con una dilatada experiencia a la hora de escribir sobre temáticas y cuestiones de la violencia contra la mujer. También ha abordado otros ámbitos más relacionados con la identidad sexual y la familia, pero también con mucho camino por recorrer en el Estado de Derecho. Por ejemplo, es autora de Desigualdad por razón de orientación sexual e identidad de género, homofobia y transfobia.
De hecho, la próxima fiscal general estuvo en la génesis de un instrumento clave para poder luchar eficazmente contra esa lacra que es la violencia machista. Integró el Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer que elaboró el primero de sus informes anuales, en 2007. Es decir, hace ya 18 años, cuando comenzaban a asentarse las estrategias y se daban los primeros pasos. De forma paralela, y según han indicado en la Cadena SER, Peramato está vinculada a programas como las Becas Fiscal Soledad Cazorla, que establece ayudas para hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia machista.
Una pieza clave de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
En un gesto similar al que ocurrió a la hora de proponer los nombres para el Tribunal Constitucional, alto tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido, la apuesta fue por una figura de indudable trayectoria progresista, siendo este fundador de la organización Jueces para la Democracia. En este caso, para sustituir al fiscal general llega una pieza clave de otro conocido organismo, pero circunscrito al mundo de la fiscalía: la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
¿Qué es la UPF? Nacida al calor de los cambios y avances de la Transición Democrática, la Unión Progresista de Fiscales nació en la década de los '80 con unos objetivos claros: la defensa de los principios de imparcialidad y legalidad en la carrera fiscal o la defensa de los derechos sociales y la promoción de la independencia judicial. Teresa Peramato es una de esas profesionales que lleva toda su carrera luchando por un ministerio fiscal realmente independiente de los Gobiernos de turno.
La próxima fiscal general llegó a ser presidenta de la UPF, que actualmente dirige Inés Herrerós. Desde dicha asociación de fiscales ha defendido una mayor separación y autonomía del ministerio fiscal que ahora pasará a dirigir. Cabe recordar que -sin no hay cambios- lo hará por un mandato de cuatro años que, precisamente, aspira a convertirse en un plazo de un lustro.
El motivo se debe al actual proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (LOECrim) que ha presentado el Ministerio de Justicia. De salir adelante -cuestión complicada por la actual aritmética parlamentaria y retirada de apoyos de Junts- pasaría a ampliar el mandato del fiscal general a 5 años para que no coincida con un eventual cambio de Gobierno. Esta es una medida que entronca directamente con la causa y demandas de la UPF.
También acumula varios galardones a lo largo de su carrera, que se dividen tanto en su trabajo propio como fiscal y su faceta de estar a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, de la primera vertiente cuenta con la Orden del mérito policial y la Orden del mérito de la Guardia Civil. De la segunda, en 2021 recibió la distinción del Ministerio de Igualdad en otro 25-N, pero ya había recibido otros galardones en el pasado, como el Premio Igualdad Alicia Salcedo de Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo o el Premio Igualdad Beatriz Galindo del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca.