Teresa Peramato será la sustituta de Álvaro García Ortiz como nueva fiscal general del Estado
La propuesta se llevará este mismo marte al Consejo de Ministros. La aspirante deberá comparecer en el Congreso antes de su nombramiento. "Tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos", destaca Moncloa.

Duda despejada: el Gobierno ha elegido a Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La propuesta del Ejecutivo central llega después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo, por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude contra Hacienda. Fue el jueves pasado. Ayer mismo, el hasta ahora fiscal envió su carta de renuncia.
Su nombre será planteado este mismo martes al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Un paso que se estaba esperando tras el viaje de Sánchez, que estaba en Luanda, en la Cumbre Unión Europea-Unión Africana.
Peramato ((Salamanca, 1962) es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y desde la Moncloa señalan que tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Actualmente es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
Su amplia trayectoria ha estado muy enfocada en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid.
También fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025. "Tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos", avanza Moncloa.
El proceso
El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno debe comunicar su propuesta al Congreso, que fijará una fecha para que la candidata comparezca ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Sólo después, "cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como Fiscal General del Estado", expone el gabinete de Sánchez.
García Ortiz presentó este lunes su renuncia al cargo en una carta enviada al ministro de Justicia. En la misiva remitida a Bolaños, García Ortiz explicaba que la decisión de adelantar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación, y “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia”, se debía su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y a su voluntad “siempre presente, de proteger a la Fiscalía española”.
“Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz podía haberse quedado en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que le han llevado a condenarlo (por ahora solo ha hecho público el fallo), ya que será entonces cuando surta efecto la pena. Pero el fiscal general ha optado por anticipar su salida acogiéndose al artículo31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF),que contempla que el fiscal general del Estado puede cesar “a petición propia”.
De concretarse el nombramiento de Peramato, nueva fiscal general será la cuarta persona en el cargo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, o sea, desde junio de 2018. Antes que García Ortiz estuvieron María José Segarra y Dolores Delgado, que también dimitió, aunque en su caso, por problemas de salud. Mientras tanto, las funciones del cargo de fiscal general serán asumidas, previsiblemente, por la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número dos de la cúpula fiscal.
Las primeras reacciones
La Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la carrera fiscal- ha sido la primera organización profesional en pronunciarse ante este nombramiento. Ha sido para celebrar el proceso, no aún el nombre seleccionado. Habla del "imprescindible relevo" de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, al tiempo que insta a quien será su sucesora, Peramato, a trabajar para "recuperar la imagen" de "imparcialidad" de la institución.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, ha puesto el acento en que "el relevo era imprescindible y debería haberse producido mucho antes". Así, ha asegurado que desde la asociación mayoritaria le darán "la bienvenida al cargo" y le trasladarán "las necesidades de la carrera". "En especial, la necesidad de trabajar para recuperar la imagen del Ministerio Público, cuidando de su imparcialidad", ha subrayado.
En cuanto a la elección particular de Peramato, Dexeus ha rehusado valorarla a la espera de ver "cómo actúa, especialmente para recuperar el prestigio perdido".
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha aplaudido la elección, al considerar que la salmantina "encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes" de la carrera fiscal "para ser una magnífica fiscal general del Estado". UPF, asociación de la que Peramato fue presidenta y a la que también pertenecía García Ortiz hasta su llegada al cargo, ha destacado la trayectoria profesional de Peramato, "fiscal de carrera con más de 35 años de servicio público, ampliamente respetada por la judicatura, la abogacía, los operadores jurídicos y por la propia carrera fiscal".
"Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales", ha asegurado la UPF en un comunicado.
En concreto, ha ensalzado el "compromiso" de Peramato "con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género" por cuanto "su trabajo ha sido decisivo en la construcción de un modelo especializado y sensible frente a una de las más graves vulneraciones de Derechos Humanos en nuestra sociedad". "Como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer y, más recientemente, como fiscal de sala delegada para la protección de las víctimas, ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo", ha valorado UPF.
