Teresa Palacios, la jueza que tiene la sartén por el mango en el caso Kitchen

En los pasillos de la Audiencia Nacional, donde confluyen el poder político, los intereses económicos y causas de alto voltaje mediático y trascendentales para el devenir de la actualidad, pocas figuras han mantenido una trayectoria tan constante —y a la vez tan discutida— como la de Teresa Palacios Criado. Nacida en Córdoba el 13 de mayo de 1960, la jueza que está llevando el caso Kitchen y que ha protagonizado este jueves el interrogatorio al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprobó las oposiciones a juez en 1982 y entró en la Audiencia Nacional en 1997. Hija del conocido magistrado Diego Palacios, la jueza ha protagonizado algunos de los juicios más relevantes del siglo XXI, pese a mantener un perfil más discreto que otras figuras —como la de Manuel Marchena o Ángel Hurtado— y una áspera relación con la prensa.

La trayectoria de Palacios en las altas esferas de la Justicia comenzó cuando fue la encargada de sustituir a Miguel Moreiras, que fue relevado y sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a un escándalo de revelación de secretos. Se convirtió así en la primera mujer de la historia en ostentar el cargo de titular de un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional después de que Moreiras abandonase su puesto en diciembre de 1996. Desde entonces, algunos de los casos más trascendentales de la actualidad española han pasado por sus manos. 

Debido a su inabarcable trayectoria que consta de décadas, desde El HuffPost vamos a exponer los caso más controvertidos que han pasado por su escritorio, además de su actuación en los últimos días del juicio de la Kitchen, donde sus interrupciones constantes a la abogada del Partido Socialista han sido recalcadas por la propia formación política y por medios de comunicación.

El Yak-42 y la lucha de las familias

El 26 de mayo de 2003, el accidente aéreo del Yak-42 en el monte Pilav, cerca de Trebisonda (Turquía), dejó una huella imborrable en la sociedad española. Muchos despropósitos protagonizaron la tragedia en la que fallecieron 62 militares españoles. Entre ellas, las precarias condiciones de seguridad que disponía la aeronave. Durante todo el proceso de instrucción, las familias de las víctimas fueron las principales impulsoras de que la justicia realizara el labor de su cometido. 

Tres años después del accidente, las familias pidieron a Palacios que "abandonase el persistente intento de pasar de puntillas" sobre el caso debido al rechazo de la magistrada de citar como testigo al exministro Federico Trillo. "No se quiere entrar al fondo del asunto", replicaba entonces Alfonso Agulló, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42.  De hecho, los políticos fueron muy excluidos de los interrogatorios a lo largo del juicio.

La Audiencia Nacional llegó a ordenar en reiteradas ocasiones que la jueza investigara las irregularidades que rodeaban al accidente. Previamente, Palacios había archivado hasta tres veces la causa debido a que consideraba que la Audiencia Nacional "carecía de las competencias necesarias" para juzgar hechos ocurridos en el extranjero o por faltas de indicios de delito. En 2007 dejó la instrucción del caso tras tomar posesión de la Sala de lo Penal y ser sustituida por el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. 

Rodrigo Rato y la absolución de Bankia 

En 2011, un banco de sobra conocido empezó a ser investigado por irregularidades en la salida a bolsa: Bankia. La entidad, formada por siete cajas de ahorros, ocultaba su delicada situación económica —básicamente, era totalmente insolvente—, lo que produjo el mayor rescate bancario con dinero público de la historia de España. Arruinó a miles de inversores y dejó en quiebra a otras tantas familias. Hasta 34 acusados pisaron los tribunales de la Audiencia Nacional dada la magnitud del escándalo que, además, se produjo instantes después de que la crisis económica de 2008 sacudiera a toda la economía española y más concretamente a las clases medias y trabajadoras del país. 

En la sección cuarta de la Sala de lo Penal se encontraba Teresa Palacios, una de las magistradas que formó parte del tribunal que llevó el juicio. En 2020, nueve años después de la salida a bolsa de Bankia, la Audiencia Nacional absolvió a los 34 acusados, entre ellos el presidente de la agrupación de cajas Rodrigo Rato del que la Fiscalía había pedido más de cinco años de cárcel. Según el tribunal, "la salida a Bolsa de BANKIA fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las Instituciones" e incluso fue más allá y aseguró que, en el momento de salida a bolsa, la entidad bancaria "era viable". De los 65.000 millones que se emplearon para el rescate, un 65% fue de dinero público. Es decir, 42.250 millones de euros. 

Rodrigo Rato finalmente no fue condenado por la salida a Bolsa de Bankia, sino por su implicación en el caso de las tarjetas opacas —conocidas como tarjetas black— de Caja Madrid y Bankia. En esa pieza separada, los jueces consideraron probado que Rato participó en un sistema de gasto al margen del control fiscal y contable, mediante el uso de tarjetas corporativas para gastos personales no declarados. La sentencia concluyó que no se trataba de una práctica aislada, sino de un mecanismo sostenido en el tiempo que permitió a directivos y consejeros disponer de fondos de la entidad sin justificación, lo que derivó en su condena por apropiación indebida.

El 11-M y su disputa con Del Olmo

El 11 de marzo de 2004 tuvo lugar en Madrid el peor atentado de la historia de España. Diez explosiones colocadas por terroristas yihadistas en Atocha y otros puntos de la capital que causaron la muerte de 193 personas y dejaron más de 2.000 heridos. Tres semanas después de la tragedia, las investigaciones policiales localizaron a los autores del atentado en un piso de Leganés. Ante el acorralamiento que llevó a cabo la Policía Nacional, los artífices se inmolaron acabando con su vida, el subinspector de los GEOs, Francisco Javier Torronteras; y parte del edificio. 

Ante el acontecimiento, el juicio del 11-M se dividió en dos. Por un lado, el atentado de Atocha y, por otro, lo que se denominó como el caso Leganés. De este segundo se encargó Teresa Palacios debido a que se encontraba de guardia en el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el momento de la inmolación de los terroristas. El problema llegó con Juan del Olmo, quien se encargaba del grueso del juicio del 11-M y que reclamó llevar también el caso Leganés debido a que ambos eventos estaban estrechamente relacionados. Sin embargo, la magistrada se negó a entregarlo hasta en dos ocasiones. Del Olmo llegó incluso a asegurar "riesgo de ineficacia, ralentización injustificada o falta de acierto en el esclarecimiento de los hechos" por parte de su compañera. Además, apuntó en reiteradas ocasiones que los efectos y vestigios de Leganés eran "absolutamente necesarios o indispensables para el esclarecimiento de los atentados del 11-M". Pese a ello, Palacios insistió en su negativa. 

En septiembre de 2004, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió por unanimidad que Juan del Olmo investigase cada uno de los aspectos del 11-M, incluido también Leganés. Tras la decisión del presidente de la Sala, Palacios realizó los trámites para pasar el testigo a Del Olmo. Meses después Palacios sustituyó a Del Olmo durante una baja y percibió un error que produjo la libertad de Saed El Harrak, uno de los yihadistas presuntamente implicados en el atentado. Sin embargo, debido a que el error no fue interceptado a tiempo, El Harrak terminó con la orden de libertad firmada. A Del Olmo se le abrió un expediente disciplinario por aquello. 

Caso Kitchen y su rifirrafe con el PSOE 

La Operación Kitchen investiga un supuesto dispositivo parapolicial organizado desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación sensible que pudiera comprometer al partido en plena eclosión de los casos de corrupción. La causa, integrada en el macroproceso del Caso Villarejo, apunta a la utilización de fondos reservados y a la participación de altos cargos policiales y políticos durante el gobierno de Mariano Rajoy, lo que la convierte en uno de los procedimientos más delicados por su posible afectación directa a las estructuras del Estado. Al frente del tribunal, Teresa Palacios. 

En las diferentes comparecencias que han tenido lugar este jueves, entre ellas las de Mariano Rajoy, Teresa Palacios ha vuelto ha mostrar su poco agrado por las preguntas de la abogada del Partido Socialista, Gloria de Pascual, representándolo con constantes interrupciones a la letrada. "Limítese a los hechos de la acusación", ha sido una de las frases más esgrimidas a lo largo del interrogatorio por parte de Palacios. "Hoy voy a protestar por todo", aseguró Pascual. La encrucijada es que, bajo el criterio de la jueza, "aquí no estamos en el caso Gürtel", lo que ha provocado la inquina de la socialista. "No se puede entender Kitchen si no se entiende Gürtel", replicaba.

Teresa Palacios ha protagonizado incontables casos más, como el Caso Dina —en el que le exigió a Pablo Iglesias que se sentara "correctamente"—, el Caso Banesto y Caso Torras, la imputación a Emilio Botín e incluso llegó a recibir amenazas de ETA. En resumen, una da las juezas con mayor presencia en los casos más trascendentales de la historia reciente de España que protagoniza, de nuevo, un nuevo pleito. En esta ocasión, el caso Kitchen.