235 demandas y casi 600 años de juicios: así frenan los gigantes alimentarios las leyes contra los ultraprocesados aunque pierden tres de cada cuatro
Una investigación internacional revela que las grandes compañías del sector han recurrido de forma sistemática a los tribunales para retrasar, debilitar o bloquear medidas de salud pública.
Las grandes multinacionales de la alimentación no solo libran la batalla contra las restricciones a los ultraprocesados en los despachos o mediante campañas de presión política. También lo hacen en los tribunales.
Una investigación coordinada por The Guardian, junto a Lighthouse Reports, académicos y medios de comunicación de varios continentes, concluye que entre 2010 y 2025 se presentaron al menos 235 demandas contra gobiernos por políticas dirigidas a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. En conjunto, los procedimientos judiciales acumulan casi 600 años de litigios, pese a que tres de cada cuatro terminaron con una victoria de las administraciones públicas.
Lejos de interpretar esos datos como un fracaso para la industria, los expertos creen que los procesos judiciales cumplen otro objetivo: ganar tiempo, retrasar la entrada en vigor de las normas y desincentivar que otros países aprueben medidas similares.
Etiquetas, impuestos y publicidad: las normas más recurridas
El análisis identifica demandas contra medidas como las etiquetas de advertencia en los envases, las restricciones a la publicidad de productos poco saludables o los impuestos sobre la denominada comida basura. Son precisamente las herramientas que cada vez utilizan más gobiernos para intentar frenar el aumento de la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la alimentación.
La investigación señala que tres cuartas partes de las demandas fueron impulsadas por fabricantes de ultraprocesados o por asociaciones que representan sus intereses, aunque en algunos casos la identidad de las empresas quedó protegida durante los procedimientos judiciales.
Entre las compañías vinculadas a estos litigios aparecen nombres tan conocidos como Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg's, Danone o Ferrero, entre otras.
Aunque pierden, consiguen retrasar las leyes
El dato más llamativo del informe es que la mayoría de las demandas no prosperan. Sin embargo, eso no significa que carezcan de efecto.
Según los investigadores, algunos procedimientos consiguieron retrasar durante años la aplicación de medidas de salud pública y obligaron a los gobiernos a dedicar importantes recursos económicos y humanos a defenderlas en los tribunales. Mientras tanto, el consumo de ultraprocesados continuó creciendo.
Para Marion Nestle, profesora de Nutrición y Salud Pública de la Universidad de Nueva York, las empresas "no lucharían tan duro" si estas políticas no redujeran realmente las ventas de sus productos. A su juicio, la estrategia recuerda a la utilizada durante décadas por la industria tabaquera: "Cuando todo lo demás falla, demanda".
Latinoamérica, el principal campo de batalla
La mayor parte de las demandas se concentró en México (193), Colombia (18) y Brasil (17), países que han liderado algunas de las políticas más ambiciosas para limitar el consumo de ultraprocesados. Entre ellas figuran las etiquetas frontales de advertencia, consideradas por los expertos el primer paso para facilitar futuras restricciones publicitarias o fiscales.
En cambio, el estudio apenas detectó seis demandas en Estados Unidos y una en Reino Unido, algo que algunos investigadores atribuyen a que la regulación en estos países ya contiene numerosas excepciones o lagunas favorables a la industria.
Una batalla con consecuencias para la salud pública
Los autores del trabajo advierten de que el consumo de alimentos ultraprocesados continúa aumentando en buena parte del mundo y ya representa hasta la mitad de la dieta media en países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia. Diversos estudios científicos lo relacionan con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.
Por ello, los especialistas reclaman que los gobiernos mantengan estas políticas pese a la presión judicial. "Retrasar la acción por miedo a los litigios supone prolongar un daño prevenible que será mucho más difícil y costoso de afrontar en el futuro", resume Katherine Shats, especialista jurídica de Unicef.
