La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada principalmente en Palencia, que estaba especializada en facilitar trámites de extranjería de forma ilícita para que ciudadanos extranjeros en situación irregular fueran dados de alta en la Seguridad Social. 

El entramado criminal -mayoritariamente de origen latinoamericano- habría logrado gestionar más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), de las cuales al menos 371 derivaron en altas en la Seguridad Social, a pesar de que los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España. 

Según fuentes de la investigación, la red criminal ofertaba a través de canales cerrados de comunicación citas a cambio de cantidades que oscilaban entre 300 y 500 euros, lo que habría generado unos beneficios anuales de más de 300.000 euros. La operación ha culminado con la detención de nueve personas en las provincias de Palencia (4), Asturias (2), Murcia (1), Sevilla (1) y Baleares (1).

La investigación policial se inició en agosto de 2024 cuando se detectó un aumento inusual en la asignación de citas de NIE para personas de origen latinoamericano, quienes en periodo de estancia, solicitaban el correspondiente certificado para diversos trámites como la apertura de cuentas bancarias, pudiéndose corroborar que atendían a las indicaciones dadas por la organización para no ser detectados.

1.150 trámites y beneficios de hasta 300.000 euros 

Los agentes atribuyeron a la organización criminal la obtención de al menos 1.150 citas de NIE para personas extranjeras en hasta 19 provincias de España. De estas, 371 dieron lugar a inscripciones en la Seguridad Social, incluso cuando los beneficiarios se encontraban en situación irregular. 

Estas personas eran dadas de alta en empresas distribuidas por todo el territorio nacional, aprovechando una extensa red de colaboradores en distintos puntos del país. Se estima que esta red criminal generaba ingresos superiores a los 300.000 euros anuales, lo que permitía a los implicados mantener un alto nivel de vida.

Además, se han incautado 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios dispositivos informáticos y electrónicos, así como documentación que acredita la contabilidad ilícita de la red criminal. Los responsables de la organización criminal podrían enfrentarse a una posible acumulación de penas privativas de libertad de hasta ocho años de prisión por estos hechos.