La legislación española prohíbe que los presos puedan tener teléfonos móviles en las cárceles. Sin embargo, en los últimos tiempos muchos dispositivos están siendo introducidos en las prisiones.

En concreto, entre los años 2020 y 2024 en las cárceles españolas se les ha requisado a los internos un total de 12.882 móviles. La elevada cifra se debe a que los procesos para colar los dispositivos en los centros penitenciarios son cada vez más sofisticados.

En ese sentido, uno de los más novedosos y difíciles de evitar es de la utilización de drones, una técnica que, tal y como destaca el medio de comunicación La Provincia, "pone en jaque la seguridad penitenciaria".

El uso de drones en las cárceles permite a las organizaciones criminales poder superar los muros, los controles y las torres de vigilancia de las prisiones y así entregar paquetes prohibidos a los presos.

Por ejemplo, el pasado mes de febrero, el sindicato CSIF informó de que un funcionario de prisiones perteneciente a la cárcel de Córdoba interceptó un dron que llevaba 23 bellotas de hachís, un móvil y un cargador.

Uno de los principales problemas de la utilización de drones para evitar los controles de seguridad es que es prácticamente imposible de detectar con la tecnología actual con la que están dotadas las prisiones.

Los centros penitenciarios españoles tienen instalados inhibidores de señal. Sin embargo, los mismos han quedado obsoletos al no servir para hacer frente a tecnologías posteriores a la 3G como la que usan los drones.

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