El museo del Louvre echa el cerrojo por el turismo masivo. Este lunes, el palacio permaneció inaccesible durante varias horas por un movimiento social espontáneo de sus propios trabajadores para denunciar el turismo masivo y el deterioro de sus condiciones de trabajo.

Según publica el diario El Español, que ha consultado una información de la agencia France-Press, el museo no pudo abrir sus puertas hasta alrededor de las 14.30. Algunas imágenes difundidas en redes sociales mostraban a numerosos visitantes haciendo cola, otros sentados en el suelo, sin comprender la situación.

En declaraciones recogidas por el medio, Christian Galani, miembro de la dirección nacional de la CGT-Culture y representante en el Louvre, asegura que protestan contra la "sobrefrecuentación" del museo y los problemas de "falta de personal". "En quince años, hemos perdido unos 200 empleos equivalentes a tiempo completo", añade.

De acuerdo a la información difundida, la institución tiene un límite de 30.000 visitantes diarios. En 2024, El Louvre recibió cerca de 9 millones de personas, de las que el 80% eran turistas extranjeros. Estos datos superan a los del British Museum, los Museos Vaticanos o el Met de Nueva York.

Sin embargo, la directora del Museo, Laurence des Cars, lanzó el primer aviso en enero. En un comunicado, describió que el palacio "envejecido" enfrenta, "entre otros problemas", "fugas de agua y dificultades para mantener la temperatura adecuada en las salas para la conservación de las obras". Como respuesta, el presidente francés Enmanuel Macron anunció un proyecto de renovación cuyo coste se estima en unos 800 millones de euros durante una década. 

Según se publica, el llamado "Nuevo Renacimiento del Louvre" prevé para 2031 una nueva entrada para descongestionar la pirámide de cristal, una sala de exposiciones dedicada a la Mona Lisa, así como un billete de entrada más caro para los visitantes no europeos, con el objetivo final de alcanzar los 12 millones de visitantes al año.

La ola de protestas por el turismo masivo no sólo ha llegado a París. En Barcelona y Palma de Mallorca, colectivos vecinales y sindicatos han denunciado la precariedad laboral y la saturación de servicios, exigiendo límites al alquiler vacacional.