Erik Harley, investigador experto en estudios urbanos: "El hormigón, si fuese un país, sería el segundo más contaminante del mundo"

Mientras el precio de la vivienda sigue disparado y el acceso a un hogar digno se complica para miles de personas, el debate público continúa girando alrededor de una misma idea: construir más. Sin embargo, cada vez gana más fuerza la crítica a un modelo que plantea la obra nueva como solución automática sin tener en cuenta su enorme impacto ambiental y el peso de la especulación inmobiliaria.

En ese contexto, el investigador y divulgador de estudios urbanos Erik Harley ha vuelto a poner el foco en la vivienda digna con un mensaje tan directo como incómodo: la crisis habitacional no se puede resolver a base de más obra nueva sin mirar el impacto que arrastra. En el videopodcast de Greenpeace dedicado a la vivienda, Erik defiende que el problema no es solo de precios o de acceso, sino también del propio modelo urbano.

Durante su intervención, ha lanzado una de las reflexiones más contundentes sobre el modelo actual de ciudad y vivienda. “El sector de la construcción es uno de los más contaminantes del planeta. El hormigón, si fuese un país, sería el segundo país más contaminante del mundo”, asegura. Una frase con la que cuestiona la dependencia de la obra nueva como respuesta a la crisis habitacional.

Construcción vs. rehabilitación

Para él, detrás del discurso de construir más viviendas también existen intereses económicos que dejan en segundo plano alternativas como la rehabilitación de edificios ya existentes, más baratas y sostenibles a largo plazo. En este sentido, advierte de que el modelo actual no responde únicamente a una cuestión técnica o de necesidad habitacional, sino también a decisiones políticas y empresariales que condicionan qué tipo de ciudad se está construyendo y quién se beneficia realmente de ella.

En su intervención, el divulgador también apunta a otro debate incómodo: el papel de la especulación y de los grandes tenedores en la tensión del mercado. Según dice no todas las formas de propiedad pesan igual y el problema no se puede reducir al pequeño propietario, sino a dinámicas mucho más amplias que expulsan vecinos, vacían edificios y empujan usos más rentables, como el turístico, en contra de la vivienda residencial.

En definitiva, la conclusión es que la solución a este problema de la vivienda no será solo técnica, sino que hará falta decisión política, rehabilitación de verdad y presión ciudadana para que el derecho a vivir no se quede en una declaración bonita. Solo con un cambio de prioridades que ponga el interés colectivo por encima de la rentabilidad inmediata, podrá avanzar hacia un modelo de ciudad más habitable, equilibrado y justo para quienes la viven cada día.