Próxima estación de la Amnistía: Supremo y Constitucional, claves en el devenir y el regreso de Puigdemont tras el aval europeo

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea despeja la principal incógnita sobre la Ley de Amnistía y acerca el regreso del expresident catalán. Sin embargo, el Tribunal Supremo mantiene la llave de su vuelta mientras el Tribunal Constitucional se prepara para dictar una resolución que puede cerrar definitivamente el ciclo judicial del procés. El reloj judicial que lleva casi una década marcando el tiempo político español acaba de dar uno de sus giros más importantes. Desde Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado la ley de amnistía española y ha desmontado el principal frente jurídico abierto contra la norma: su supuesta incompatibilidad con el Derecho comunitario.

No es el final de la historia. Ni siquiera el comienzo del regreso inmediato de Carles Puigdemont. Pero sí supone un cambio de escenario que modifica el equilibrio entre los tribunales españoles y las instituciones europeas. Una decisión que ha sido aplaudida por todos los líderes del independentismo y también del Gobierno. "Es una gran victoria y debe aplicarse de forma inmediata, pero continúa siendo una victoria incompleta. El valor de la ley se mide no solo por el día que se aprueba, sino por el día en que se aplica", ha asegurado Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, instantes después de conocerse la sentencia. 

Después de años en los que el procés se internacionalizó a través de órdenes europeas de detención, recursos ante Luxemburgo y resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Europa devuelve ahora la pelota a España. La pregunta ya no es si la amnistía cabe dentro del ordenamiento europeo. La respuesta del TJUE es afirmativa. La cuestión pasa a ser otra: ¿están dispuestos los tribunales españoles a aplicarla en toda su extensión?

Luxemburgo desmonta las principales objeciones

La sentencia responde a dos de las dudas más importantes planteadas por órganos judiciales españoles. La primera afectaba al delito de malversación. El Tribunal de Cuentas sostenía que los gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre podían haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y que, por tanto, la amnistía podía vulnerar la normativa comunitaria.

Luxemburgo rechaza ese planteamiento. Los jueces europeos concluyen que, aun cuando hubiera existido un uso irregular de fondos públicos, el eventual perjuicio recaería sobre el presupuesto español, no sobre el de la Unión. En consecuencia, la protección de los intereses financieros europeos no impide la aplicación de la ley.

La segunda cuestión procedía de la Audiencia Nacional y afectaba a los delitos de terrorismo atribuidos a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). También aquí el TJUE avala la norma española. La directiva europea contra el terrorismo —señala la sentencia— no impide que un Estado apruebe una amnistía siempre que no afecte a hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos.

Solo introduce una advertencia: los plazos previstos por la ley española no pueden impedir que los jueces planteen cuestiones prejudiciales ante el propio Tribunal europeo. Hay que tener en cuenta que este apartado se trata de un matiz procesal, no de un cuestionamiento del fondo de la norma.

La batalla vuelve al Supremo

Paradójicamente, el gran protagonista tras el fallo europeo vuelve a ser el Tribunal Supremo dado que la situación procesal de Puigdemont apenas cambia de forma inmediata. El instructor Pablo Llarena nunca fundamentó exclusivamente su negativa a aplicar la amnistía en el Derecho europeo. Su principal argumento ha sido que el delito de malversación atribuido al expresident queda fuera de la ley porque, a su juicio, existió un beneficio patrimonial que impide su perdón penal.

Ese razonamiento mantiene vigente la orden de detención y la resolución europea no obliga automáticamente al Supremo a cambiar de criterio. En otras palabras, la situación de Puigdemont no varía, por lo menos por el momento dado que previamente tiene que haber más movimientos judiciales en las fronteras españolas. Sin embargo, la decisión del Tribunal europeo estrecha notablemente el margen jurídico sobre el que apoyaba parte de su argumentación y aumenta las posibilidades de que el expresident pueda regresar. 

A partir de ahora, mantener esa interpretación exigirá una fundamentación exclusivamente basada en el Derecho español, sin el respaldo que suponía invocar posibles incompatibilidades con la legislación europea. Los protagonistas implicados del procés, así como numerosos miembros del Ejecutivo han apostado porque la norma debe concluir su motivación para que vuelva "la normalidad política y social" a Cataluña. "Más de 400 personas han sido beneficiadas por esta ley, pero los líderes independentistas tienen que ser amnistiados para completar el proceso de normalización", ha esgrimido el ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

El Constitucional, ante su decisión más delicada

Si el Supremo conserva hoy la llave inmediata del regreso de Puigdemont, algo más que probable, el Tribunal Constitucional puede acabar teniendo la última palabra. Después de declarar constitucional la ley de amnistía, el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido debe resolver todavía varios recursos de amparo relacionados con su aplicación práctica. Se espera que estos recursos empiecen a desarrollarse en otoño de este mismo año con las diferentes personas que quedan por amnistiar.

Entre ellos figura precisamente el presentado por Puigdemont contra la decisión del Supremo de excluir la malversación del ámbito de la ley. El pronunciamiento del TJUE modifica ahora el contexto jurídico en el que deberá deliberar el Constitucional y abre la puerta a que a muchos de los políticos independentistas se les aplique, después dos años, la norma.  

La corte española ya no tendrá que valorar únicamente si la interpretación realizada por el Supremo se ajusta a la Constitución. También deberá hacerlo sabiendo que el máximo intérprete del Derecho europeo considera plenamente compatible la ley con el ordenamiento comunitario.

Entonces, ¿puede volver Puigdemont?

La respuesta sigue siendo: no. Al menos mientras continúe vigente la orden de detención dictada por el Supremo, cualquier entrada en territorio español implicaría un elevado riesgo de arresto. Sin embargo, la sentencia europea cambia la perspectiva.

La defensa del expresident dispone ahora de un argumento jurídico mucho más sólido para solicitar una revisión de las medidas cautelares y reclamar una nueva interpretación del delito de malversación a la luz del aval europeo que se ha conocido este jueves. Si el Tribunal Constitucional estimara posteriormente su recurso, el escenario cambiaría de forma radical y se le abrirían las puertas a poder regresar.

Solo entonces el regreso dejaría de ser una incógnita jurídica para convertirse en una decisión política y personal del expresident, que sin duda trastocaría el tablero político.

Una victoria política para el Gobierno...

La sentencia también tiene una evidente dimensión política. La ley de amnistía fue la pieza central de la negociación que permitió la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y la iniciativa legislativa por la cual el Gobierno se ha mantenido en pie durante todo este tiempo además del rechazo a la extrema derecha de Vox. Durante meses, el debate trascendió el ámbito nacional. Oposición, asociaciones judiciales y diversos tribunales defendieron que la norma podía vulnerar principios esenciales del Derecho europeo mientras que el Ejecutivo y los socios parlamentarios aseguraban la completa legalidad y legitimidad de la misma.

El TJUE no comparte esa tesis. Sin entrar en la oportunidad política de la amnistía, reconoce que los Estados miembros conservan margen para aprobar este tipo de leyes cuando persiguen objetivos de reconciliación institucional y no lesionan obligaciones derivadas del Derecho de la Unión. Para el Ejecutivo supone un respaldo difícilmente cuestionable desde el plano jurídico y, para la oposición, una herida letal a su argumentario de los últimos dos años. 

...y un impulso para Junts

También Junts encuentra motivos para reivindicar la sentencia como una victoria propia después de unos meses donde electoralmente las dudas sobrevuelan el partido catalán. Desde que Puigdemont abandonó España en 2017, la estrategia internacional del independentismo ha consistido en trasladar parte del conflicto a los tribunales europeos. Primero fueron las euroórdenes; después, las resoluciones sobre la inmunidad parlamentaria. Ahora llega el pronunciamiento sobre la amnistía, la mayor victoria hasta la fecha del proceso.

"El TJUE no podía ser más claro y no ha dejado ninguna rendija por la que pueda discutirse nuestra victoria", ha asegurado Puigdemont asegurando que "si continúan negándose a aplicar la amnistía de forma integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose al derecho europeo".

La paradoja es que, una vez despejada la incógnita europea, el futuro del líder independentista vuelve a depender casi exclusivamente de los tribunales españoles.

El final del procés judicial aún no ha llegado

Hace apenas unos meses, buena parte del debate jurídico giraba alrededor de una pregunta: ¿aceptaría Europa una ley como la amnistía? Esa incógnita ha quedado prácticamente resuelta, pero aparece otra, quizá aún más relevante: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los tribunales españoles para aplicar una norma cuya validez europea ya ha sido confirmada? Especialmente en un contexto donde la justicia española está mirada con lupa después de los casos que han protagonizado los últimos meses. 

"Aquí la única duda es si el Supremo y en concreto Marchena aplicará una sentencia basada en una lógica que le trasciende o seguirá aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico", expresaba el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. 

La respuesta llegará en los próximos meses, seguramente entre otoño e invierno, cuando el Tribunal Supremo decida si mantiene su interpretación de la malversación y el Tribunal Constitucional resuelva los recursos pendientes. Solo entonces se sabrá si la sentencia de Luxemburgo fue el último gran obstáculo para el regreso de Carles Puigdemont o simplemente el penúltimo capítulo de una de las mayores batallas judiciales y políticas que ha marcado la vida política del país en la última década.