Una multa de 4.200 euros ha desatado una guerra legal entre una empresa y un estado de la Unión Europea. La historia tiene como protagonista a un transportista rumano, que circulaba por República Checa con su camión cuando, en un control de carretera, le impusieron -a la empresa para la que trabaja- una multa por incumplimiento de la normativa.

¿Qué normativa? Pues una que no todo el mundo conoce, y que tiene que ver con el tacógrafo. Y es que, según relatan medios locales, en el control, las autoridades le reclamaron al conductor la documentación del vehículo, un Mercedes de 2023 que cumplía con todas las normativas europeas vigentes. Sin embargo, no ocurría lo mismo con el tacógrafo.

Explican que el tacógrafo que llevaba el camión era un G2V1, a diferencia del G2V2, que es la versión más reciente. Pero esto no debería suponer ningún problema, ya que según la UE, se puede conducir con el modelo G2V1 hasta el 18 de agosto de 2025.

Por este motivo, la asociación industrial rumana UNTRR elevó una queja formal por "discriminación y una práctica ilegal" contra lo que consideran una persecución o trato diferencial entre transportistas rumanos y del resto de Europa. Según alega el damnificado, su documentación está en regla y cumple con todos los requisitos exigidos por el Paquete Europeo de Movilidad.

Finalmente y tras consultar con una organización similar checa, la multa no era tal, sino que se trata de un depósito que será devuelto si la empresa puede demostrar que el vehículo se ajustaba a la normativa. En ese caso, se reembolsará el importe. 

Pero esto tampoco ha contentado a la UNTRR, que ya ha ofrecido ayuda legal al transportista, al tiempo que ha pedido a las instituciones europeas a que tomen medidas y las unifiquen en toda la comunidad, ya que señalan que este es solo uno de los muchos problemas que tienen las diferentes normativas nacionales.

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