Los caseros obligan a un inquilino a pagar por estudiar en el comedor, el joven muestra la factura de 17 páginas la justicia y recibe 7.000 euros
La situación de la alquilada se volvió insostenible por los continuos abusos de los propietarios. Sin embargo denunció y la jugada le salió perfecta.
La búsqueda de una habitación asequible se ha convertido en un desafío casi épico en muchas ciudades europeas. La crisis del alquiler golpea especialmente a los más jóvenes, que se ven obligados a aceptar contratos precarios, precios desorbitados y, en ocasiones, condiciones que rozan —o cruzan— lo ilegal. La historia de Laurent Stacchetti, un estudiante francés en Irlanda, ejemplifica hasta dónde puede llegar el abuso cuando la vivienda se convierte en un territorio sin control y el propietario actúa como si el inquilino fuese de su propiedad.
Su caso ha recorrido los medios irlandeses porque, harto de una situación insostenible, decidió acudir a la justicia con una prueba tan absurda como reveladora: una factura de 17 páginas donde se le cobraba por cosas tan básicas como utilizar la mesa del comedor para estudiar o recibir la visita de su novia. El resultado del proceso fue claro: la vivienda no es un reino privado donde el casero impone su ley. Y la compensación que ha recibido así lo demuestra.
Del alquiler a la explotación encubierta
Laurent estudiaba en la Universidad de Maynooth cuando alquiló una habitación en Clonsilla, un barrio residencial de Dublín. Lo hizo en una vivienda donde los propietarios gestionaban también un Airbnb. Para abaratar costes, llegó a un acuerdo aparentemente razonable: no pagaría ciertos gastos si ayudaba en tareas vinculadas al alojamiento turístico.
Pero lo que comenzó como una colaboración puntual se transformó rápidamente en una situación asfixiante. Según relató ante la Junta de Arrendamientos Residenciales (RTB, por sus siglas en inglés), los propietarios llegaron a llamarle más de veinte veces seguidas para exigirle encargos inmediatos. A menudo, bajo la amenaza velada de represalias.
Tareas absurdas, exigencias nocturnas y la sensación constante de estar al servicio de los dueños, incluso fuera de la jornada habitual. El estudiante reconoció que muchas veces accedía por miedo, porque el chantaje emocional y económico era continuo: si no haces esto, pagarás más.
La factura que lo cambió todo
El detonante llegó durante el fin de semana de San Patricio, uno de los más intensos del año para el turismo irlandés. Los dueños le culparon de supuestas pérdidas de Airbnb, acusándole de ser “poco servicial” y responsable de malas reseñas.
Su respuesta fue desproporcionada: comenzaron a asignarle un coste a cada cosa que hacía dentro de la casa, como si Laurent fuera un huésped temporal y no un inquilino con derechos. Ese listado incluía:
- Estudiar en la mesa del comedor
- Utilizar espacios comunes
- Recibir visitas
- Consumir electricidad durante el uso del portátil
- Servicio de impresión de una etiqueta en plena noche
El documento sumaba 17 páginas de cargos delirantes que, según ellos, debía asumir de inmediato. Pero el acoso no terminó ahí.
Cerraduras cambiadas y amenazas
Mientras Laurent viajaba a Francia, los propietarios cerraron literalmente su acceso al hogar cambiando las cerraduras. Además, publicaron su habitación en internet para conseguir a otro inquilino cuanto antes y le advirtieron que le sacarían hasta el último céntimo.
Por si fuera poco, contactaron directamente con su universidad para acusarlo de deberles dinero, vulnerando su intimidad y buscando ejercer presión a todos los niveles.
Lo que vivió el estudiante ya no era una disputa contractual: era un intento de desahucio ilegal, acompañado de humillación, intimidación y una evidente falta de respeto hacia sus derechos.
La justicia reconoce el abuso
La RTB no tuvo dudas. Determinó que la ocupación pacífica de Laurent había sido gravemente vulnerada y que la rescisión del contrato fue completamente ilegal. Los propietarios, una pareja identificada como Gabriela y Michael Hennigan, deberán pagar:
- 7.000 euros en compensación total
- 3.500 euros por daños y perjuicios
- 3.500 euros por la rescisión ilícita del contrato
- La devolución de 850 euros de fianza
La resolución envía un mensaje rotundo: no todo vale en el mercado del alquiler, por mucho que la demanda supere ampliamente la oferta.
Un caso que revela una realidad más amplia
La historia de Laurent es un reflejo de un problema creciente en Europa: propietarios que, amparados por la desesperación de quienes buscan alojamiento, explotan su posición de poder. La vivienda se convierte en una mercancía donde el inquilino pierde su condición de persona con derechos para convertirse en cliente cautivo. Los abusos pueden pasar desapercibidos… hasta que alguien se atreve a denunciar.
En este caso, una factura de 17 páginas se convirtió en el arma más efectiva contra una injusticia cotidiana. Y aunque los 7.000 euros no borran el sufrimiento vivido, sí reconocen que el hogar no debe ser un espacio de miedo, sino un derecho protegido.