Reclaman 5.000 euros a un niño con leucemia: "Cuando cumpla los 18 años le embargarán sus cuentas"
Mar descubrió que más de sesenta familias estaban en la misma situación.
Una reforma mal aplicada hace más de una década ha provocado una auténtica pesadilla burocrática para varias familias catalanas. Según informó el diario francés L’Indépendant, unas sesenta familias en Cataluña se enfrentan ahora a la devolución de prestaciones sociales recibidas “indebidamente”, pese a que el error fue cometido por la propia administración.
El caso más simbólico es el de Sergi, un joven que pasó gran parte de su infancia en los pasillos de un hospital de Barcelona. Desde los cinco años, ha luchado contra una leucemia que lo obligó a someterse a nueve años de quimioterapia y controles médicos. Aunque hoy la enfermedad está en remisión, el adolescente y su madre, Mar, se enfrentan a un nuevo y sorprendente desafío: una carta oficial de la Generalitat le exige 5.000 euros por ayudas supuestamente mal abonadas.
Una deuda injusta
Durante los años más duros de la enfermedad, Mar crió sola a su hijo, afrontando gastos que no cubría la Seguridad Social: suplementos alimenticios, transporte, aparcamiento en el hospital o medicamentos complementarios. En 2016, una trabajadora social la derivó a una ayuda mensual de 263 euros destinada a aliviar esta carga.
Para madre e hijo fue un respiro. Sin embargo, en mayo de 2025, la Generalitat envió una carta certificada dirigida a Sergi (entonces menor de edad) reclamando el dinero. Peor aún, el aviso había estado mal dirigido durante un año, por lo que se acumularon intereses de demora.
Cuando Mar acudió a la oficina tributaria, la respuesta fue tan absurda como alarmante: si la deuda no se pagaba, Sergi la heredaría automáticamente al cumplir 18 años, lo que podría derivar en un embargo de sus futuras cuentas. “Cuando cumpla 18 años, en cuanto encuentre su primer trabajo, le embargarán las cuentas”, explicó la madre al canal catalán 3cat.
Un error que afecta a decenas de familias
El caso de Sergi no es un hecho aislado. Tras contactar con el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Mar descubrió que más de sesenta familias estaban en la misma situación. El origen del problema se remonta a 2012, cuando una reforma del método de cálculo de las ayudas sociales nunca se aplicó correctamente.
El resultado fue que muchas familias siguieron recibiendo importes antiguos sin haber sido notificadas de ningún cambio. Ahora, la administración catalana les reclama la devolución de esas cantidades, que en algunos casos ascienden a 25.000 euros.
La Generalitat rectifica
La indignación ciudadana no tardó en crecer. Ante la presión del Síndic de Greuges, la Generalitat publicó el 30 de septiembre un decreto que anula definitivamente las deudas. Según el texto, los pagos atrasados no serán reclamados a las familias afectadas.
Para Mar y las demás familias, la medida supone un alivio, aunque deja una lección amarga: una década de errores administrativos puede tener consecuencias devastadoras para quienes menos recursos tienen.
