El Supremo plantea elevar la regularización de migrantes a Europa ante una posible "colisión"
El alto tribunal pregunta a la Comunidad Valenciana y a Aragón si están de acuerdo con consultarle al Tribunal de Justicia de la UE si el proceso choca con la normativa del Pacto de Migración y Asilo comunitario.
Turbulencias en los últimos compases para el cierre del plazo del proceso de regularización masiva de migrantes en España. En la última jornada disponible para este trámite al que se han presentado más de un millón de personas, cerca de 1,3 millones, ha vuelto a producirse un relevante pronunciamiento judicial, por parte del Tribunal Supremo, que podría cambiar la escala o nivel en el que se decide sobre esta cuestión. Poniendo la pelota en el tejado europeo.
En esta ocasión, el alto tribunal no ha tumbado la petición de paralizar el proceso —mediante medidas cautelares— solicitadas en recursos de comunidades autónomas bajo gobierno del PP. Si el Supremo había echado abajo las reclamaciones de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso o del partido ultraderechista Vox, en este caso le ha planteado a la Comunidad Valenciana y a Aragón otra posibilidad, a través de dos providencias.
Concretamente, desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo se traslada a las CCAA presididas por los populares Juanfran Pérez Llorca y Jorge Azcón, respectivamente, que se pronuncien sobre la procedencia de formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con las normas comunitarias. Concretamente, con las que componen el Pacto de Migración y Asilo de la UE (PMAUE).
Un camino que podría acabar derivando en la paralización del proceso
En este sentido, en dichas providencias remitidas por el Supremo se expone que "el régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE".
El alto tribunal duda de "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".
Respecto a qué supondría a corto plazo y directamente en el propio proceso de regularización, esta consulta —para la que ambas CCAA tienen cinco días para dar respuesta— no se traduce en una paralización del trámite. Pero ese escenario sí podría darse más adelante en el tiempo mediante un auto judicial. Cabe recordar que no solo el proceso de registro de solicitudes se activó, también se han ido resolviendo parte de estas resultando en aprobaciones. Es una incógnita cómo podía acabar afectando a esos caso una eventual paralización.