Una mujer vive en el extranjero durante más de cinco años y ahora debe devolver 75.000 euros
De momento, no ha logrado demostrar su inocencia.
Una mujer tiene que devolver más de 832.000 coronas suecas ––unos 75.000 euros––después de que la Agencia Sueca de Pensiones haya determinado que la mujer vivió en el extranjero durante más de cinco años mientras seguía recibiendo la pensión alimenticia destinada a personas mayores residentes en Suecia.
El caso se inició el verano pasado, cuando la agencia recibió un informe anónimo que afirmaba que la mujer, registrada como residente en Nacka, Suecia, y beneficiaria de la ayuda, en realidad vivía en otro país. A raíz de esta denuncia, las autoridades abrieron una investigación que incluyó el análisis de los movimientos bancarios de la mujer entre 2016 y 2025.
Según la entidad, los extractos revelaron numerosas compras realizados de manera constante en un país distinto de Suecia, en un volumen que llevó a la agencia a concluir que la mujer permaneció en el extranjero durante al menos cinco años y medio.
La defensa de la mujer
Tras ser notificada, la mujer afirmó que solo había viajado fuera del país por periodos breves y justificó los movimientos bancarios señalando que su esposo, gravemente enfermo y residente en el extranjero, había utilizado su tarjeta bancaria. Sostuvo además que, tras el fallecimiento de su esposo, la tarjeta quedó en manos de una hija que vive en ese mismo país.
La mujer añadió que durante todo ese tiempo recibió atención médica continua en Suecia. Sin embargo, después de noviembre de 2018 no pudo presentar registros de visitas presenciales al sistema de salud sueco, mostrando únicamente documentos clasificados como “nota” o “nota sin visita física”.
Según publicó un medio local, La Agencia de Pensiones consideró que no había pruebas suficientes que acreditaran atención médica recibida que la mujer hacía referencia en territorio sueco durante los años en cuestión.
Sin pruebas
Asimismo, la mujer no logró demostrar que su esposo o su hija hubieran utilizado su tarjeta bancaria en el extranjero, según informó la autoridad. Cuando fue informada de que su versión no se consideraba creíble, contestó que el proceso no había sido objetivo.
Finalmente, la Agencia de Pensiones dictaminó que la mujer debe devolver 75.000 euros correspondientes a la ayuda para ancianos percibida indebidamente. Aunque la mujer afirmó que no podía afrontar el pago, tampoco presentó la información requerida sobre sus gastos, ingresos o bienes, lo que impidió a las autoridades calcular su capacidad financiera.
