Por una costa mejor protegida

Casi cinco mil son los kilómetros de costa que convierten a España en uno de los países con más longitud de frente marítimo del mundo, y posiblemente, el de una gestión más compleja por la gran densidad demográfica y actividad económica que los primeros centenares de metros desde el mar concentran en nuestro territorio. Gestión que, hasta ahora, se había visto dominada por una arbitrariedad perversa en la aplicación de las normas jurídicas que regulan las costas de nuestro país: la Ley de 1988 y el posterior reglamento que la desarrolla.

Más de 200.000 familias estaban amenazadas por la inseguridad jurídica sobre sus viviendas -casi tantas como las que podrían verse desahuciadas en España por la crisis-, eso sin contar las decenas de miles de empleos que dependen de actividades tradicionales, sostenibles y perfectamente compatibles con la protección del litoral, como los chiringuitos, que en algunos casos por la arbitrariedad política de turno han sufrido injustamente una ley que no se ha aplicado más que a aquellos territorios a los que el Gobierno estatal, en cada momento, quería condenar por su falta de apoyo electoral.

Aunque perfectamente legal, aplicar la ley sólo para fastidiar a los que no te votan, además de un tácito reconocimiento de la mala calidad de la ley, es una injusticia propia de un gobierno bananero, como ocurrió hace unos años -por citar un ejemplo, aunque los habrá de todos los colores- con la clausura de las terrazas de los restaurantes del paseo marítimo de la Malvarrosa en Valencia, en una de las mayores playas urbanas de Europa, y dónde ningún técnico sensato podría afirmar que su retirada podría suponer un beneficio para la protección del medio ambiente -incluso sería más bien al contrario-.

Pero por fin llega una reforma de la Ley de Costas con sentido común. La lectura del proyecto de Ley trae la sensación tranquilizadora propia de cuando se subsana un grave error. El legislador ha respetado lo fundamental de la ley del 1988 -que no todo en aquella ley estaba mal- como la definición del Dominio Público Marítimo Terrestre y las servidumbres de protección de 100 metros en todo el litoral, con la excepción que la ley del 88 ya preveía para las zona urbanas, que ha garantizado que no se perpetren en España atentados al medio ambiente como el del hotel de El Algarrobico, en Almería; pero ha incluido la visión de la sostenibilidad que en 1992 se firmaba en la declaración de Rio de Janeiro, recordando que la conservación ambiental no es posible sin incluir junto a ella a la sociedad y la actividad económica.

La guerra contra los chiringuitos, que no suponen ningún daño al medio ambiente y que en muchos casos son un elemento tradicional del paisaje cultural (que también es digno de protección) de nuestro territorio, era definitivamente absurda; y más si cabe en este contexto de crisis económica en el que superamos los seis millones de desempleados. De igual modo que el mensaje de inseguridad jurídica que España lanzaba al mundo privando a los propietarios de viviendas de su disfrute en 2018 (ahora las concesiones se extienden a 75 años), dejando la marca de calidad turística y confianza de nuestro país a la altura del betún, no sólo suponía un riesgo para la actividad turística que da de comer a muchas familias en algunas de las provincias más afectadas por el desempleo y dificultaba sacar al mercado internacional el gran stock de viviendas legales por vender como segundas residencias para turistas extranjeros, sino que además no respondía, de nuevo, a ninguna ventaja extraordinaria para la protección del litoral.

No se dejen engañar por los discursos fariseos del ecologismo político español, que se mueve por subvenciones y amiguismo político, y no por la verdad ni por el medio ambiente. No les pido que se crean lo que yo les escribo: sólo les pido que se generen su propia opinión, leyendo la vigente ley de costas de 1988 y el proyecto de reforma. Así podrán concluir por ustedes mismos que quienes dicen, sin argumento ninguno, que esta reforma solo sirve para poder urbanizar el litoral les mienten con tal descaro que insultan su inteligencia.

Ni un solo metro cuadrado de costa española libre de urbanización dónde la vigente ley de costas no permitiera urbanizar va a poder ser urbanizada con esta reforma, que por cierto, si incluye algo novedoso frente a la ley anterior es precisamente su atención al posible aumento del nivel del mar por efecto del cambio climático y el deshielo de los inlandsis polares, algo que hasta ahora nunca se había previsto en España. Seguro que el proyecto de la reforma de la ley de costas es mejorable -y opinable- pero de lo que no cabe la menor duda es de que es un texto que garantiza mejor la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestro litoral, protege mejor el medio ambiente y prevé mejor los efectos de sus alteraciones que la ley vigente.