ECONOMÍA
16/11/2012 19:04 CET | Actualizado 16/11/2012 19:05 CET

Santander, La Caixa y Sabadell participarán en el capital del 'banco malo'

EFE

Santander, La Caixa y Banco Sabadell participarán en el capital de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), mientras que BBVA tiene esta opción en estudio y no ha adoptado aún una decisión al respecto.

La cantidad que aportará cada entidad al capital de la Sareb aún está por determinar, y depende de si finalmente BBVA y otras entidades deciden sumarse. En total, la Sareb tendrá unos fondos propios de 5.000 millones, de los que 1.000 millones serán capital directo, que aportarán los accionistas que se incorporen al capital, y el resto (4.000 millones) deuda subordinada.

Fuentes oficiales del Banco Santander han confirmado que la entidad que preside Emilio Botín figurará entre los inversores nacionales del 'banco malo'. Por su parte, fuentes de La Caixa han declinado hacer comentarios sobre su posible participación en el accionariado de la Sareb.

De su lado, fuentes de BBVA han explicado que la decisión de entrar en el capital de la sociedad que gestionará los activos tóxicos de la banca "está en estudio y no hay una decisión tomada". En cualquier caso, el banco ha afirmado que "actuará como siempre en interés de sus accionistas y de las sociedades en las que opera".

Además de inversores españoles, el Ministerio de Economía tiene especial interés en incorporar inversores internacionales al capital de la Sareb, y pretende que aporten al menos 500 millones de euros.

500.000 EUROS COMO MÁXIMO

Los directivos del 'banco malo' se regirán por las normas de limitación de los directivos de la banca nacionalizada, por lo que cobrarán un máximo de 500.000 euros.

La Sareb estará formada por un grupo de 100 profesionales en sus inicios. Se prevé que la sociedad esté funcionando plenamente el próximo 1 de diciembre. Belén Romana será presidenta del 'banco malo' y Walter de Luna su director general. Según Economía, estas limitaciones no son obligatorias, habida cuenta de que la norma se aplica exclusivamente a las entidades con ayudas públicas.