El PSOE recurre ante el Constitucional la Ley de Costas por "desproteger" el medio ambiente
La reforma de la Ley de Costas impulsada por el Partido Popular desprotege el dominio marítimo-litoral y contradice, además, lo que dicta la Constitución, según el PSOE. Argumentos más que suficientes para que los socialistas hayan presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la modificación propuesta por Medio Ambiente.
Para los socialistas, según ha informado este viernes el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, el recurso impuesto "no es sólo del PSOE sino también de toda la ciudadanía", ya que ellos son los "verdaderos titulares" —tal como reza el artículo 132 de la Carta Magna— de una zona que el Gobierno está privatizando sin ninguna justificación.
El secretario ha anunciado que presentarán una nueva ley de gestión del litoral en su programa electoral para la siguiente legislatura que "devuelva" esas zonas públicas "a todos los españoles". De las cinco comunidades autónomas que decidieron alegar contra la reforma, las dos donde gobierna el PSOE, Asturias y Andalucía, ya tienen intención de formalizar su denuncia.
Mª Luisa Carcedo, secretaria del grupo socialista, ha subrayado que en el texto de la reforma hay "arbitrariedad" de conceptos, entre ellos, la delimitación de lo que es la zona marítimo-terrestre o la decisión de prorrogar 75 años más las concesiones en terreno público, que "deberían responder a criterios científicos" y estar sujetas a la "libre voluntad del legislador".
"CRÍTICAS A LA LIGERA"
"La Ley de Costas viene a resolver un desorden sin suponer menoscabo de la costa ni reducir su protección", ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, respecto a la reforma de la Ley de Costas.
Ramos ha defendido la constitucionalidad de la ley y ha afirmado que las objeciones manifestadas por el PSOE son "críticas a la ligera". Es "imposible" que la ley privatice espacios, puesto que las costas son "de dominio público", ha matizado, destacando que "dar concesiones o prolongarlas es lo contrario".
La nueva normativa "no rebaja la protección" de estos espacios e incluso "la refuerza", ha apuntado Ramos, aludiendo a la controvertida cláusula anti-algarrobico. Ha defendido también la exclusión de la reforma para los núcleos de población del domino público terrestre, considerados como urbanos y habitados desde antes de 1988, y que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares.
