POLÍTICA
13/11/2013 17:36 CET | Actualizado 13/01/2014 11:12 CET

Botella da 48 horas para llegar a un acuerdo sobre la huelga o hará que una empresa pública limpie

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha dado 48 horas a empresas y sindicatos para alcanzar un acuerdo con motivo de la huelga de limpieza que, en su noveno día, está llenando de porquería las calles de la capital.

Botella ha a avisado de que, si no se alcanza un acuerdo en el tiempo fijado, llevará a la Fiscalía la situación creada por esta "huelga salvaje" y concederá a la empresa pública Tragsa la recogida mientras dure el conflicto.

Es decir, intentará resolver por lo público un problema que se ha generado en el sector privado.

TRAGSA, INMERSA EN UN ERE

Sin embargo, la propuesta de solución planteada por el consistorio pasa por una empresa, Tragsa —empresa perteneciente al holding estatal de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)—, que se encuentra inmersa en un ERE que, en principio afectaría a 1639 de sus 5.970 trabajadores: 836 en Tragsa y 803 en su filial Tragsatec.

En una comparecencia, Botella ha evitado asumir la más mínima responsabilidad y ha subrayado en varias ocasiones que lo único que exige el Ayuntamiento de Madrid es que las empresas responsables de la limpieza en la capital cumplan sus objetivos.

Reacia a cualquier tipo de crítica, incluso a las que provienen de países extranjeros, la alcaldesa ha negado que exista la más mínima posibilidad de que se declare una alerta sanitaria y ha llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación.

Del mismo modo, ha criticado a los sindicatos por haber alentado "los actos vandálicos" que, desde su punto de vista, "han hecho creer a la población que una una huelga de limpieza es de recogida de basura".

HUELGA POR EL ERE

La protesta del servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines en el Ayuntamiento de Madrid, fue convocada por los sindicatos en protesta por la presentación de un ERE para algo más de 1.100 de los 6.000 trabajadores del sector.

Botella ha acusado a los sindicatos del incumplimiento de los servicios mínimos, que el Consistorio estableció en el 40% de los trabajadores a pie de calle para el Servicio de Limpieza y el Servicio Especial de Limpieza Urgente (SELUR), y del 25% para el mantenimiento de zonas verdes y conservación de áreas infantiles, de mayores y para el mobiliario urbano.