POLÍTICA
21/11/2013 14:44 CET | Actualizado 21/11/2013 14:44 CET

Sánchez Gordillo y Cañamero, condenados a 7 meses de cárcel por la ocupación de una finca

EFE

Siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros para el diputado andaluz Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por la ocupación de la finca militar Las Turquillas en verano de 2012.

Así lo ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un fallo, contra el que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que condena asimismo por usurpación de inmueble a tres personas más (Juan V.L.; José R.N. y José Antonio M.M.) por delito de desobediencia grave.

El tribunal ha decidido además absolver al resto de medio centenar de procesados en esta causa.

Asimismo absuelve a Sánchez Gordillo, Cañamero y los otros tres condenados del delito de daños que se les imputaba por la acusación particular (Abogacía del Estado) y les condena a todos ellos por vía de responsabilidad civil a que indemnicen al Ministerio de Defensa por los daños y perjuicios causados durante la ocupación.

LA OCUPACIÓN DE LAS TURQUILLAS

En su sentencia, el TSJA considera como hechos probados que el 24 de julio de 2012 se concentraron en la finca Las Turquillas -perteneciente a la Yeguada Militar y destinada a la cría caballar- unas quinientas personas convocadas por el SAT, sindicato que había adoptado el acuerdo de ocuparla y permanecer en ella mientras no se consiguiera la cesión de su explotación.

Los asistentes se dirigieron hacia la portada y seguidamente personas "no identificadas" del grupo rompieron un candado y una cadena que cerraba las dos hojas metálicas, accediendo a la finca.

Al frente de la comitiva figuraban Diego Cañamero, Juan Manuel Sánchez Gordillo, Juan V. L. y José R. N., quienes señalaron a un guardia civil que pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y querían entrevistarse con los responsables de la Yeguada Militar.

Un capitán de la Guardia Civil les advirtió de que estaban realizando una acción "ilegal" y debían desalojarla y desistir de su intención, si bien -ante la negativa del grupo- éste ordenó a los agentes que no intervinieran para evitar mayores alteraciones.

CAMPAMENTO EN LA FINCA

Después de que algunos de ellos se entrevistaran con el capitán jefe del Acuartelamiento, los congregados acordaron instalarse en la finca y desplegaron un campamento formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña para pernoctar.

"Desatendiendo expresamente" los requerimientos de los responsables de la finca para que no la ocupasen o la abandonasen "cuanto antes" de forma voluntaria, los acampados hicieron por el contrario diversas actuaciones en los días sucesivos, que propiamente correspondería llevar a cabo a sus titulares.

La sentencia recoge que desde el 24 de julio al 9 de agosto se apoderaron de algunos utensilios de labranza y de otros materiales y, entre otros daños, destruyeron azulejos rústicos de cerámica, fracturaron sistemas de guarda y anclaje de un pozo e impidieron el paso de una máquina retroexcavadora del Ministerio de Defensa.

"CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA"

En la fundamentación jurídica, en cuanto al delito de usurpación de inmueble, el tribunal entiende que existió una ocupación "no meramente ocasional o puntual ni inocua de una parte de la finca", sino que fue "con vocación de permanencia" y con "apropiación posesoria" de la zona ocupada.

Y atribuye ese delito a Sánchez Gordillo, Cañamero y a otros tres militantes del SAT porque, aunque considera probada "de manera genérica la participación más o menos intensa, pero concurrente, de un grupo numeroso de personas", sólo cree identificada plenamente la presencia "continuada y habitual" en el campamento desplegado en el interior de la finca de ellos cinco.

Respecto al delito de desobediencia grave por el que Gordillo, Cañamero y otras dos personas son condenadas a siete meses de cárcel, el TSJA mantiene que eran los únicos acusados que se comportaron "externamente como líderes", que su negativa a los requerimientos para desalojar la finca fue "rotunda" y que mostraron en determinados momentos "una contumaz y clara rebeldía, ignorando (por no decir, desafiando)" los requerimientos de la autoridad.

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