Anticorrupción pide enviar al Supremo la causa contra Chaves y Griñán
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, que abra una pieza separada para cada una de las ayudas investigadas, a fin de "simplificar y activar el procedimiento" y que remita al Supremo la causa contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recoge que la causa podría extenderse a investigar 126 expedientes de ayudas sociolaborales de prejubilación y 275 ayudas a empresas, lo que pone de manifiesto no solo "la extensión y complejidad" de la causa sino "lo incierto de su horizonte temporal".
Entre las medidas para agilizar la causa, Anticorrupción propone que se eleve ya al órgano superior competente, en este caso el Tribunal Supremo, la causa contra Chaves, Griñán y cinco exconsejeros a quien la juez notificó en 2013 "la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados".
El pasado mes de diciembre, la instructora dictó un auto en el que volvió a 'preimputar' tanto a Chaves como a Griñán y a los cinco exconsejeros.
"YA AGOTADA EN ESTA SEDE"
La Fiscalía entiende que "ya agotada la investigación en esta sede judicial sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero", son los dos expresidentes andaluces y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.
Anticorrupción propone abrir una pieza para cada una de las ayudas, que serían enjuiciadas por separado, y además otras diligencias sobre el "pago y destino" de las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras, que permitió su "enriquecimiento ilícito", y una última causa sobre el "procedimiento específico" utilizado por la Junta para pagar las ayudas.
Sobre este procedimiento, el escrito recoge que desde 2000 ha tenido "básicamente tres variantes": la suscripción de convenios individuales entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el convenio marco de 17 de Julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA -que requería de convenios particulares para cada ayuda- y finalmente la encomienda de gestión de 2010.
El avance de la instrucción ha puesto de manifiesto -señala el escrito- que el menoscabo de fondos públicos no se ha restringido a los "intrusos" de los ERE, sino que "realmente las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Trabajo se han venido realizando sin sujeción al procedimiento legalmente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas".
