POLÍTICA
25/06/2014 09:32 CEST | Actualizado 25/06/2014 14:35 CEST

El juez Castro mantiene la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo

El juez del caso Nóos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina por supuestos delitos fiscales y de blanqueo y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción.

El auto dictado este miércoles por Castro puede ser recurrido, pero abre el capítulo del procesamiento de la infanta y hermana del rey Felipe VI.

El auto (que puedes leer más abajo), de 167 páginas, pone fin a la instrucción del caso Nóos y donde dispone que el Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

"SOBRADOS INDICIOS" DE QUE "SE LUCRÓ"

Según el auto, hay "sobrados indicios" de que Cristina de Borbón, de 49 años, intervino en la presunta trama corrupta "lucrándose en propio beneficio" y "facilitando los medios para que lo hiciera su marido", mediante una "colaboración silenciosa".

La intervención de la hermana del rey fue mediante "la colaboración silenciosa de su 50 por ciento de capital social de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon", de la que el otro cincuenta por ciento era de su esposo.

Según el juez, dichos fondos "ilícitos" proceden del lucro obtenido por Nóos de las arcas públicas, a los que se añaden el dinero que su marido no desembolsó "gracias a sus defraudaciones fiscales".

Castro considera "difícil compatibilizar" que Aizoon fuera "una sencilla y entrañable entidad familiar" con el hecho de que cambiara varias veces de domicilio y además lo compartiera con numerosas sociedades del entramado de Nóos.

Cristina de Borbón acudió a declarar ante el juez el pasado 8 de febrero, aunque su actitud "se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo", según el auto.

Sobre Urdangarin pesa la imputación por nueve delitos, ya que es considerado supuesto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos.

EL TIEMPO DE LOS RECURSOS

El abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, anunció que recurrirá su imputación, por entender que no hay base jurídica para ello y que el instructor no ha tenido en cuenta informes de la Agencia Tributaria española que, en su opinión, exonerarían a su defendida.

También recurrirá el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, para quien "sigue sin existir ningún elemento en contra" de la infanta Cristina, que "ha sido imputada por ser quien es", en alusión a su parentesco con el rey.

Los recursos implican que corresponderá a una sala de la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados, decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho inédito en la historia de España.

REACCIONES CON "RESPETO"

Tras conocer el auto, un portavoz de la Casa del Rey expresó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial", una fórmula que también empleó en nombre del Gobierno el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

"En este país la ley es igual para todos", señaló el ministro, quien recordó las palabras de Felipe VI durante el discurso inaugural de su reinado, el pasado día 19, cuando proclamó su respeto a la independencia judicial.

La nota dominante en las reacciones políticas en España a esta decisión de Castro fue mostrar respeto a la independencia del juez, aunque diversas formaciones de izquierda fueron más lejos y apuntaron su convicción de que se trata de un triunfo de la Justicia, por el simbolismo de ver como imputados a personas vinculadas por parentesco al rey.

Castro imputó el pasado 7 de enero a la infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La duquesa de Palma prestó declaración el juzgado el 8 de febrero durante seis horas.

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