POLÍTICA
20/12/2014 19:01 CET | Actualizado 20/12/2014 19:01 CET

Tortura y malos tratos: una década contra los abusos policiales en España

Reuters

En España también se tortura. No de modo sistemático ni generalizado, pero sí de forma sostenida en la última década, como señala la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que cumple 10 años. Amnistía Internacional lo corrobora año tras año en su memoria anual, en la que recoge algunos casos.

La Coordinadora, integrada por 50 organizaciones de defensa de los derechos humanos, publica un informe anual desde 2004 en el que registra, después de comprobar y contrastar la información que le llega, los casos de torturas y malos tratos, y las denuncias presentadas en todo el territorio donde tienen presencia.

Jorge del Cura, su portavoz, repasa los datos recopilados en la última década y confirma que "con algunos picos", la tendencia se ha mantenido a lo largo de los años: reciben unas 650 denuncias anuales contrastadas, que corresponden a unos 250 casos (en ocasiones los tratos vejatorios los sufren varias personas a la vez y solo se documentan como un caso). La información sobre abusos que les llega es mucho mayor, asegura, pero solo publican y recogen aquellos que tienen comprobados y solo cuando la víctima les autoriza a revelar sus detalles personales.

El portavoz destaca los siguientes seis puntos al repasar la primera década de lucha formal de la Coordinadora contra la tortura.

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EL PICO DEL 15-M Y EL BAJÓN DE 2013

Las movilizaciones sociales del 15-M en 2011 y 2012, y la represión policial en las calles con las que serán recordadas fechas como el 25-S (25 de septiembre de 2012), disparó el número de denuncias en esos años. En 2013 hubo incluso más protestas que el año anterior y, sin embargo, el número de denuncias de personas agredidas en manifestaciones cayó de 591 en 2012 a 251 en 2013. Las razones son tres, según Jorge del Cura, y ninguna tiene que ver con un descenso real en el número de casos.

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El primer motivo es que se produce un choque con la realidad y una pérdida de confianza de personas que creían en el sistema, por un lado, y por otro, más gente tiene miedo a denunciar. "En 2011, muchas de las personas que fueron agredidas eran personas muy jóvenes que creían en la democracia", explica el portavoz, que cuenta que al ver que "los encargados de defenderles [la Policía], son los que vejan", se animaban a denunciar. "Cuando han visto que el trato que se les daba en los juzgados era bastante lamentable, han decidido que no valía la pena", concluye. Los activistas antiguos, que "daban por hecho que el maltrato era algo posible, casi seguro", se han retraído desde 2013 porque "ha habido represalias (multas, sanciones, y demás)".

Otra de las causas del bajón es que, con la crisis, disminuye el número de abogados disponibles para defender a los agredidos y, a la vez, aumenta su trabajo. "La gente que trabaja en el tema de las torturas es la misma gente que trabaja en despidos y desahucios, y ante la avalancha de todo esto, los compañeros han tenido que ir eligiendo lo más urgente", según del Cura. Cuando se encuentran con estos casos, "se ven obligados a elegir entre perder el tiempo, entre comillas, en defender una denuncia penal [contra un agente] que no va a ningún sitio, o intentar defender [al agredido] de la multa" por haber participado en una manifestación. "Apaleado y encima pagando, no", ironiza.

La tercera causa tiene más que ver con los abusos que se cometen en centros de privación de libertad (prisiones, centros de menores, centros de internamiento de extranjeros, etc) y está también relacionada con la crisis. Con "la desaparición de algunos mecanismos institucionales como el servicio de atención jurídica penitenciaria, que ya no existe en muchas Comunidades o está en mínimos, es más difícil entrar en centros de detención" y comprobar la información sobre malos tratos que a veces les llegan, según el portavoz de la coordinadora.

SUBEN LAS CONDENAS

Las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por violar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, contribuye a que aumente el número de sentencias condenatorias en los tribunales españoles.

La última sentencia de Estrasburgo, del 7 de octubre, condenó a España por no investigar las supuestas torturas denunciadas por una etarra. Como explica del Cura, "hay jueces que sí quieren investigar [denuncias de abusos], y la sentencia de Estrasburgo les da un argumento para hacerlo". De hecho, asegura que en los últimos dos años el número de condenas ha subido bastante comparado con años anteriores. "Si antes había unas 30 o 40 sentencias condenatorias, este año están en torno a las 100".

CUANTO MÁS EXCLUSIÓN, MENOS INVESTIGACIÓN

Las condenas a favor de personas en prisiones, migrantes, o manifestantes son muy bajas en relación al número de denuncias y casos que presentan esos colectivos, según la Coordinadora. Son situaciones que además se investigan poco. En cambio, los tribunales son mucho más favorables a hacer un seguimiento y después condenar a los responsables de agresiones y vejaciones en incidentes de tráfico, fiestas deportivas o populares, etc.

"Los colectivos que más sufren la violencia policial son los más excluidos y no suelen aparecer en los informes", explica del Cura. "Por ejemplo, personas que cometen pequeños delitos de tráfico de drogas, o tráfico contra la propiedad. Nos llega información de abogados que ven situaciones terribles, pero no suelen denunciar".

A UNA SOCIEDAD MÁS ESTRUCTURADA, MÁS CONDENAS

En las Comunidades Autónomas donde hay colectivos de defensa de los derechos humanos como los que integran la Coordinadora, hay denuncias y hay condenas, según Jorge del Cura. "Cuando una sociedad está estructurada, cuando es más democrática, se pierde el miedo a denunciar y por tanto, se consigue que los tribunales investiguen más", señala. Los jueces en estas condiciones son más sensibles a la opinión pública, a las exigencias de la población, y es más difícil que los casos caigan en un cajón.

La falta de datos, subraya, "no significa que, por ejemplo, en Extremadura no haya casos, lo que pasa es que las personas que están allí no tienen a dónde acudir".

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LA PRESIÓN Y LA ATENCIÓN, FUNCIONAN

"Cuando se consigue centrar la atención en una institución, momentáneamente se producen mejoras. En cuanto disminuye la presión, se vuelve a lo mismo", analiza el portavoz de la Coordinadora. Es lo que ocurrió por ejemplo en los Centros de Menores, donde hace unos cinco año se empezaron a registrar más denuncias como resultado de la presión que se ejercía. Ahora que estos centros han pasado a ser en casi tu totalidad de gestión privada, es difícil saber qué está ocurriendo y si esa mejoría se ha mantenido.

"Ha pasado lo mismo en algunos centros de detención, en comisarías y en los CIE", explica, donde en algunos casos, la Fiscalía ha presentado denuncia. Los Centros de Internamiento de Extranjeros siguen siendo opacos, porque en muchos casos se acelera la expulsión de los internados si se atreven a denunciar. Con todo, del Cura asegura que la situación ha mejorado "ligeramente", pero advierte: "Si disminuye la presión vuelve a subir".

IDENTIFICACIÓN DE AGENTES Y CÁMARAS, INSUFICIENTES

A pesar de que el Ministerio de Interior anunció en marzo de 2013 que los agentes de policía de las Unidades de Intervención Policial (UIP) lucirían su número de identificación en la espalda y en grandes dimensiones, una reivindicación clásica para evitar la impunidad cuando se producen agresiones, "la identificación sigue siendo nula", según la Coordinadora.

En algunas manifestaciones sí se ha aplicado esta normativa, pero del Cura explica que se han denunciado casos en los que se ve claramente el número del agente que agrede, pero "el juez dice que esto no es suficiente y que no desvirtúa la presunción de inocencia del funcionario". Además, se suelen rechazar imágenes registradas en las manifestaciones por si pudieran estar trucadas, sin hacer una prueba pericial para determinarlo.

Hay excepciones, como el caso de un mosso que fue grabado y fotografiado durante el desalojo violento -dejó más de 100 heridos- de la plaza de Catalunya días después del 15 de mayo de 2011, en el que agredió al activista y diputado de la CUP David Fernàndez. Un juzgado de Barcelona absolvió al agente, pero la Audiencia le condenó por una falta, "pequeña, pero es que tampoco podía hacer más porque el juzgado había limitado la investigación", apunta del Cura.

Las cámaras de vigilancia en centros de detención y dependencia policiales, como medidas disuasorias para que los agentes no usen la fuerza y los detenidos no presenten denuncias falsas, son también una petición histórica de organizaciones contra la tortura, pero presentan dos problemas. El primero es que no están en todas partes, y los agentes saben dónde están las zonas oscuras, según el portavoz. Y además no tienen sonido. "Procuran no pegarte delante de las cámaras", dice el portavoz, que añade sin embargo que "a veces se olvidan", o "les da un pronto". Como ocurrió en Móstoles, donde le rompieron los dos brazos a un detenido. El segundo problema es quién custodia esas grabaciones. "Entre que la Justicia es lenta y la policía tarda", en la mayoría de las ocasiones en que son requeridas la respuesta policial es que las imágenes se han borrado por falta de medios.

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