120 manifestaciones y concentraciones diarias en el primer año de gobierno de Rajoy
En los últimos meses se han multiplicado las manifestaciones en las calles de todo el país. Lo saben bien los responsables políticos, como la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que en las últimas semanas se han mostrado partidarios de "modular" el derecho a la manifestación. Ahora, ya se sabe hasta qué punto la sociedad se ha echado a la calle últimamente y el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy se saldó con más de 36.000 manifestaciones y concentraciones en toda España, sin contar las celebradas en el País Vasco, lo que supone una media diaria de casi 120 protestas.
Según los datos que ha recopilado el Ejecutivo hasta el 26 de octubre, en respuesta al portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Ricardo Sixto, la comunidad autónoma con más manifestaciones o concentraciones organizadas, fuera o no comunicadas oficialmente, fue Andalucía, con 7.141 movilizaciones registradas.
En esa clasificación autonómica, en segundo lugar figura Castilla y León (4.435), seguida de la Comunidad Valenciana (3.147), Cataluña (3.116), Islas Baleares (3.112), Navarra (2.842), Madrid (2.846) y Galicia (2.213). Según el texto, al que tuvo acceso Europa press, a la cola se encuentran, debido a su reducida población, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han contabilizado 26 y 45 protestas, respectivamente. Le siguen las uniprovinciales La Rioja (270), Asturias (335), Murcia (460) y Cantabria (717).
MADRID, LA PROVINCIA CON MÁS MOVILIZACIONES
Ahora bien, al analizar los datos por provincias destaca el caso de Madrid, que encabeza la tabla con 2.846 protestas, casi diez cada día. Y eso que los datos sólo abarcan hasta el 26 de octubre del pasado año, por lo que no se han contabilizado, por ejemplo, las movilizaciones protagonizadas por los sanitarios madrileños contra la voluntad del Ejecutivo regional de privatizar la gestión de este servicio público.
Otras provincias con altos índices de protestas callejeras han sido Sevilla, con 2.842 manifestaciones o concentraciones, seguida de Cádiz, con 1.543, Valencia, con 1.485, y Valladolid, con 1.338.
No obstante, en este listado no se ha contado el número de movilizaciones que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo en el País Vasco, comunidad que ha declinado facilitar esos datos alegando que esa competencia está transferida, conforme al artículo 27 del Estatuto vasco. Y Cataluña, que también cuenta con esa competencia, sólo ha ofrecido datos de la comnunidad, no provinciales, y por los Mossos d'Esquadra hasta el 29 de noviembre.
"MALESTAR SOCIAL"
El responsable de que se hayan conocido estos datos, el diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto, subraya que, con estas cifras en la mano, queda acreditado "el malestar social" ante la "terrible" crisis que padece el país y que, a su juicio, no parece tener visos de solución.
Y es que, según ha apuntado, el hecho de que en 2012 casi se haya duplicado el número de manifestaciones respecto del año inmediatamente anterior se debe a que los ciudadanos, incluidos votantes del PP "decepcionados", han querido salir a la calle a protestar contra la política económica aplicada durante este primer año de gobierno de Rajoy y contra el incumplimiento del programa con el que concurrió a las elecciones.
LAS MULTAS DE CIFUENTES
Dicho esto, Sixto ha informado de que IU está estudiando trasladar a otras circunscripciones la querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por imponer de manera "injustificada" multas a algunos participantes de las manifestaciones celebradas en la capital.
Sanciones, ha puntualizado, que no sólo en Madrid sino en otras comunidades se han puesto "por el simple hecho" de que una convocatoria de manifestación no se ha comunicado previamente a las autoridades, no porque los participantes hayan causado daño alguno al mobiliario urbano o a terceras personas.
"Si bien la ley obliga a que se haga esa comunicación previa, lo que hay tener en cuenta es que es que manifestarse es un derecho constitucional, y si se hace sin producir perjuicio alguno, no tiene ningún sentido que las delegaciones de Gobierno se dediquen a imponer multas", ha resumido.
