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25/10/2015 10:04 CET | Actualizado 25/10/2015 10:04 CET

1.500 refugiados se encuentran atrapados en la frontera de Melilla

De políticas de asilo y mafias en la frontera de Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

España está a la espera de recibir a 17.680 refugiados, su cuota de los 120.000 llegados a los países comunitarios -Italia, Grecia y Hungría-, según el reparto decidido por la Comisión Europea. Pero, mientras el momento del abrigo llega, nuestro país tiene en su frontera sur a más de 1.500 perseguidos, exiliados, huidos de la guerra, que esperan la atención a la que España está obligada por razones humanitarias. Están dejados de la mano del diablo, atrapados entre las mafias y la burocracia. El horror vive a las puertas de casa, y no sólo a 3.000 kilómetros de distancia.

El escenario de esta injusticia lo forma el triángulo comprendido entre Beni Enzar, Nador y Melilla. Allí se acumulan los emigrantes económicos que ansían entrar a Europa vía España pero también los refugiados sirios, los indios, los paquistaníes, familias completas que han venido vía Líbano, Túnez, Argelia y, finalmente, Marruecos. Si se pueden tardar 10 o 12 días en salir de una ciudad como Alepo y llegar a los países de la Unión Europea más orientales, los que optan por este otro trayecto suman una diáspora de semanas, de meses, de años incluso. Y, cuando se ven a las puertas del sueño, se topan con una última pesadilla.

Según denuncia la ONG melillense Prodein, la más activa en la documentación de este drama y en la ayuda a los desplazados, hasta 1.500 personas esperan para cruzar la frontera con España, de las que al menos 500 son menores de edad. Sólo lo consiguen entre 20 y 30 diarios, cuando el flujo de personas en el puesto de control es de 30.000 al día. O pagan un pasaporte marroquí o pagan a las redes de pasantes que los llevan hasta las oficinas de asilo. La mordida oscila entre los 300 y los 1.500 euros, aproximadamente.

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Esta ONG denuncia que existe una red estable de "control de mafias paramilitares marroquíes", tan infranqueable como cualquier alambrada. Prodein habla directamente de "día de mercado" para explicar que, en función de la demanda, así oscilan los precios.

Pasar no es garantía de nada. Porque queda mucho aún por sufrir hasta poder parar en paz. Y porque puedes pasar tú, pero no los tuyos. Las familias, dependiendo de la voluntad de los guardianes y del dinero de que se disponga, cruzan en varias fases. A veces se manda a un adulto de avanzadilla, y luego va un niño, solo, y luego el otro progenitor, un tío, un abuelo. Después viene el momento del reencuentro, pero no siempre es posible. Hay familias que quedan desperdigadas. Lo ha denunciado, por ejemplo, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez:

Melilla no tiene nada que ver con esas estaciones de Atenas o Budapest desde las que los refugiados emprenden un camino hacia Centroeuropa, a zonas más prósperas o donde ya tienen cierta red familiar o de amistades. No. En Melilla las cosas son distintas. La ciudad autónoma no está dentro de la zona Schengen, así que los refugiados no pueden seguir viaje hacia Alemania o Suecia, sino que requieren de un visado humanitario para poder moverse.

Mientras llega el ansiado papel, se instalan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde en la primera semana de octubre había cerca de 1.700 personas, el triple de la capacidad óptima de las instalaciones (480 plazas). Las habitaciones no sólo están hacinadas sino que, como han denunciado organismos como ACNUR, carecen de módulos en los que puedan convivir las familias, los hombres están separados de las mujeres y los niños y el complejo no tiene espacios de esparcimiento. Hay un psicólogo, un médico y un abogado para todos ellos. Nada más.

José Palazón, el responsable de Prodein, indica que a este CETI han llegado entre enero y julio de este año 5.600 personas, cuando en todo el pasado año atendió a 5.500.

La desesperación va en aumento, y no encuentra respuesta en Melilla. Algunos refugiados están tan frustrados que, confiesan a la ONG, casi hubieran preferido hacerse a la mar desde Libia, en una ruta como la del Mediterráneo que ha matado a más de 3.000 personas en lo que va de año.

La media de estancia en el CETI es de mes y medio, pero hay no pocos casos, sobre todo de hombres solos, que se demoran durante meses o incluso años. En público y en privado, en los medios y en las administraciones, ACNUR reclama por eso que se agilice el traslado de estos refugiados a la Península, ya que el goteo es muy lento. Hasta el Consejo de Europa se ha quejado al Gobierno español por idéntico motivo. Cuando los exiliados logran los permisos, van en ferry a Málaga, donde tres entidades -entre ellas, la Cruz Roja- los asisten en sus necesidades básicas, desde alimento a papeleo.

ACNUR también reclama que ese traslado sea de forma segura y regulada como solicitantes de asilo. Además, pide que se les incluya ya en ese cupo de 17.000 refugiados que España tiene que acoger.

Marcos Lara es uno de los voluntarios que los atienden en cuanto llegan a la España peninsular. Colaborador en círculos de Podemos, aplaude este llamamiento del organismo de la ONU, pero insiste en que, mientras, "hay un problema que resolver y que nadie ataja". "Ya hay regiones y municipios que se han ofrecido para atender a los refugiados. Está la red de ciudades de acogida, a la que se han sumado ONG y hasta organismos religiosos como el Padre Patera de Algeciras. ¿Por qué España no organiza una venida organizada de estas personas desde Melilla, las deja asentarse en los lugares que ya están poniendo a punto sus servicios y dignifica su estancia, hasta que se arregle con Bruselas?", indica.

AÑOS DE VIOLACIONES

La penuria de los refugiados se suma a una cadena de despropósitos en materia de inmigración y asilo que arrastra España desde hace años. Nuestro país viola al menos 12 leyes nacionales e internacionales sólo con las devoluciones en caliente, con denuncias de entregas a las autoridades de Marruecos de refugiados a los que no dejan ni identificarse ni tener defensa, denuncia el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos.

Este septiembre, la Comisión Europea tiró de las orejas a España por un triple fallo a la hora de aplicar las políticas de asilo comunitarias de forma correcta. Que sólo cinco estados comunitarios lo hagan no es motivo para que España no cumpla. En concreto, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha traspuesto a la legislación española la directiva sobre cualificaciones, que establece los estándares mínimos para ver quién en beneficiario de protección internacional o regular derechos como el de residencia y acceso al empleo. Tampoco ha traspuesto la norma que regula los procedimientos de asilo y ni una tercera norma, con los requisitos mínimos sobre condiciones de recepción de los refugiados (alojamiento, empleo, sanidad...).

JALEO DISUASORIO

Ante el "laberinto burocrático" del que se queja la ONU, los refugiados tratan de evitar quedarse en España, donde además tienen menos red de auxilio. Eurostat sostiene que en 2014, España rechazó el 57% de las peticiones de protección internacional, un porcentaje que se elevaba en 2008 hasta el 95%, pero que sigue siendo de los más altos de la UE. Sirva de ejemplo este otro dato: en 31 años, desde que entró en vigor la primera ley de asilo en la España democrática, han accedido a este derecho más de 180.000 perseguidos, cuando sólo el pasado año Alemania concedió 202.000 permisos.

La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior acumulaba al cierre del mes de junio un total de 12.055 expedientes sin resolver de solicitantes de asilo, personas que han pedido formalmente protección internacional a España y que están en territorio nacional esperando recibir respuesta de la Administración. En global, España sólo recibe el 0,9% de las solicitudes de toda la Unión, cuando aquí viven el 9,17% de los ciudadanos comunitarios.

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