POLÍTICA
21/04/2016 14:02 CEST | Actualizado 21/04/2016 14:37 CEST

El juez pide al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo

EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha pedido al Tribunal Supremo que impute a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El magistrado investiga al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

El juez considera que habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora, aforada ante el alto tribunal.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado.

BARBERÁ ERA SUPERIORA JERÁRQUICA

El juez, no obstante, señala que ni las dos personas investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación han realizado una imputación "concreta" respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

Sin embargo, según el TSJCV, el instructor detalla en el escrito las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

El juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y existía, además, una relación personal de "estrecha confianza" entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

SILENCIO DE GARCÍA FUSTER

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es "compleja". Sobre este extremo, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran. Sus explicaciones, señala el instructor, son "insuficientes" para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

¿Y AHORA?

El Tribunal Supremo deberá pedir permiso al Senado si decide investigar a Barberá, ya que es miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta y seguirá aforada aunque se disuelva el Senado el próximo 2 de mayo por la repetición de las elecciones.

Una vez que estudie la documentación del Juzgado valenciano, el Tribunal Supremo tiene que decidir si acepta o no el asunto en un plazo de tiempo indeterminado y que puede prolongarse. Si admite la investigación pasado el 2 de mayo, es muy posible que las Cortes se hayan disuelto porque no se ha elegido un Gobierno y que se convoquen elecciones.

A partir de entonces, los parlamentarios nacionales dejarán de serlo salvo los miembros de la Diputación Permanente y este es el caso de Rita Barberá: es miembro suplente de este órgano del Senado por lo que no perderá la condición de senadora ni por tanto el aforamiento.

Es decir, si el Supremo encuentra indicios y decide investigar a la ex alcaldesa de Valencia, deberá pedir al Senado que le retire esta protección mediante la aprobación de un suplicatorio. Se da la circunstancia de que sería la misma Diputación Permanente la que tendría que estudiar y votar precisamente si lo concede o no, salvo que para entonces hayan transcurrido las elecciones y constituido un nuevo Senado.

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