Jordi Cuixart: "El juicio acabará en Estrasburgo y muy probablemente con una condena al Estado"

Jordi Cuixart (Santa Perpetua de la Mogoda, Barcelona, 1975) lleva ya más de 15 meses en la cárcel. La juez Carmen Lamela decretó prisión sin fianza para él y Jordi Sànchez (en aquel momento, presidente de la ANC) el 16 de octubre de 2017 por las movilizaciones alrededor de la Consellería de Economía del 20 de septiembre del mismo año.

Empresario de izquierdas y de entorno castellanohablante, Cuixart es el único preso independentista que no pertenece actualmente a ningún partido político. El todavía presidente de Òmnium Cultural, una entidad catalanista con casi 60 años de historia, aprovecha esta particularidad para intentar mantener unido un independentismo que recientemente ha mostrado signos de división.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide para Cuixart 17 años de prisión y le acusa de un delito de rebelión. A falta de pocos días para su traslado a Madrid para afrontar su juicio, el presidente de Òmnium responde desde la prisión de Lledoners a un cuestionario de El HuffPost enviado el 9 de enero.

Lleva ya más de 14 meses en prisión. ¿Qué efecto está teniendo la cárcel en Jordi Cuixart?

La prisión es un antes y un después en la vida de cualquier persona. En mi caso particular he tenido la suerte de que pasados los dos primeros meses descubrí que yo podía escoger como quería vivir cada día aquí dentro. Esto no quiere decir aceptar una situación injusta como la nuestra con resignación, pero sí que significa tomar las riendas de tu día a día desde la plena conciencia. Aquí dentro hay toneladas de humanidad y no es fácil, más si tenemos en cuenta que las cárceles son el fracaso de la civilización.

Ha llegado a afirmar en alguna ocasión que es una persona feliz. ¿Se puede serlo privado de libertad?

La felicidad depende del dominio de uno mismo, cada instante de tu vida es único e irrepetible, tu eres la persona que decide cómo vivirlo. Por el momento esto es [una] de las cosas que aún podemos decidir por nosotros mismos. No renunciaré nunca a ello. Estar en la cárcel me permite denunciar con más fuerza la deriva antidemocrática que ha tomado los poderes del Estado. Cierto que tiene costes a nivel personal, pero sinceramente no encontraría mejor instrumento. Sé que los años que nos quedan por delante no serán fáciles, pero la democracia no entiende de tristezas o lamentos, todos aquellos que lucharon durante la dictadura por la democracia lo hicieron en circunstancias mucho peores que las nuestras.

¿Cómo prepara el juicio ante el Tribunal Supremo?

El equipo jurídico de Òmnium y toda la entidad están haciendo un trabajo magnífico. Tenemos claro que se trata de un juicio político, es un juicio a la democracia y contra la población civil. Se persigue amedrentar a la población [para] que renuncie de sus derechos y libertades. La situación es tan grave que tengo claro que mi obligación es la de defender derechos y libertades fundamentales para el conjunto de la sociedad catalana y española. Del resultado de este juicio depende la calidad de los derechos y libertades del conjunto de la sociedad española para los próximos años.

Su defensa ha pedido en más de una ocasión la recusación del presidente y de los miembros del Tribunal que lo juzgará. ¿No espera un juicio justo?

El Presidente de la Sala es la persona que según el portavoz de los senadores del PP tenía que controlar el juicio por detrás y ahora lo hará por delante. No hemos tenido una instrucción justa, nada indica que el juicio oral vaya a ser diferente. Para empezar se me juzga en el Supremo cuando no soy aforado y, al mismo tiempo, se me vulnera el derecho constitucional a mi tribunal predeterminado que significa también mi derecho a la segunda instancia judicial. Solo esto sería motivo de nulidad en buena parte de los tribunales europeos. El juicio acabará en Estrasburgo y muy probablemente con una condena al Estado español por haber vulnerado derechos fundamentales. No será la última vez, España ocupa de los primeros puestos del ranquin de países de la Unión condenados en este tipo de sentencias.

¿Cree que las movilizaciones que prepara el independentismo para el juicio pueden afectar al proceso judicial?

Al contrario, no podemos renunciar a la movilización como instrumento de protesta plenamente democrático. Es un juicio político donde [lo que] se quiere juzgar precisamente son derechos fundamentales, entre ellos el derecho a manifestarse.

Otros ven el juicio como un buen altavoz para la causa independentista. ¿Cómo debería aprovecharlo el soberanismo?

Nos encontramos ante una situación excepcional y las respuestas también tienen que ser excepcionales. Se nos acusa de una rebelión sin armas o de una sedición sin violencia o sin ni un detenido el 20 de septiembre o el 1 de octubre. La democracia está en riesgo porque nos quieren condenar por haber ejercido derechos humanos, y además lo están haciendo de la mano de la extrema derecha de Vox.

El juicio es un altavoz estupendo para denunciar toda esta sinrazón. Yo mismo soy el presidente de una entidad cultural con más de 140.000 socios y 60 años de historia que lleva 15 meses en prisión por ejercer derechos fundamentales, como el de manifestación o reunión. Todo el mundo sabe que el soberanismo no es violento. El juicio es una oportunidad para mostrar que los poderes del estado solo responden a los intereses del IBEX-35 y [de] la banca y que los conflictos políticos se solucionan con la política, el diálogo y la empatía, no en los tribunales.

¿Cree que los partidos independentistas deberían aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez, por mucho que no haya ningún gesto hacia los políticos presos, para evitar unas elecciones donde puede ganar la derecha?

Parar la extrema derecha es una obligación de cualquier demócrata y todos los demócratas tenemos que asumir las responsabilidades. Dicho esto, el tema de los presupuestos es un asunto que a Òmnium Cultural como entidad no le atañe porque no es un partido. Lo que tenemos claro es que lo que sea bueno para la gente trabajadora a la larga también lo será para los presos, pero al revés no lo tenemos nada claro.

"El referéndum pactado es una opción, pero no es la única" dijo en una entrevista reciente en El Periódico. ¿Qué otras opciones contempla para acabar con el problema de encaje entre Cataluña y España?

La obligación de los políticos es encontrar soluciones, hoy sabemos que la solución que reclama el 80% de la sociedad catalana pasa por un referéndum, por el fin de la represión y por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Queda claro que el gran consenso está con el referéndum; acordado, vinculante, tolerado o bajo el auspicio internacional o como sea. Es obvio que todo el mundo lo prefiere acordado, pero no podemos renunciar a nada, siempre que sea pacífica y democráticamente. El presidente Sánchez pide propuestas que aglutinen al 75% de la sociedad catalana, pues ya tienen una y con el apoyo del 80% de la sociedad catalana. Necesitamos más diálogo y empatía por todas las partes.

Vox está personado como acusación particular en el proceso contra usted. ¿Cómo ha vivido su ascenso en Andalucía? ¿Qué opina de los que señalan al independentismo como uno de los responsables de su crecimiento?

La defensa de Òmnium pidió que se expulsara de la causa a esta formación de extrema derecha, y el tribunal lo desestimó obviando intencionadamente que Vox ha utilizado la causa contra el procés como mostrador de exposición mediática, para hacer campaña electoral, también para las elecciones de Andalucía. Decir que el soberanismo ha despertado el fascismo equivale a responsabilizar del auge del nazismo a sus víctimas, es de una gravedad extrema de consecuencias incalculables.

Es el único de los presos independentistas que no pertenece a ningún partido político. ¿Cómo vive la división entre ERC y el PDeCAT?

Entiendo la complejidad del momento y por eso soy empático con ellos, pero también les pido que actúen con responsabilidad, coherencia y que hablen muy claro a la ciudadanía.

¿Cree que esta división se nota en la falta de iniciativa política? El Govern no ha aprobado ni una sola ley en lo que va de legislatura...

No hay que olvidar que uno de los objetivos de la represión es la división. Hay que gobernar teniendo siempre presente los sectores de la sociedad que más apoyo necesitan, garantizar la cohesión social es clave y el país sigue en una situación de crisis económica estructural. Y todo esto en un contexto donde el Tribunal Constitucional ha bloqueado la actividad parlamentaria suspendiendo varias leyes sociales del Parlamento de Cataluña como la ley catalana de sanidad y la ley contra la pobreza energética. Necesitamos altura de miras y sentido de Estado para poder revertir esta situación cuando antes.

La ANC defiende sin ambages una vía unilateral. En una entrevista en este periódico, Elisenda Paluzie aseguraba que pedir un referéndum pactado era "perder el tiempo" ¿Qué opina del giro que ha dado la entidad?

Yo solo puedo hablar por Òmnium y Òmnium Cultural dedica todos sus esfuerzos a buscar y consolidar grandes alianzas y consensos en el sí de la sociedad catalana. Por eso tenemos muy claro que no podemos renunciar a nada siempre que se ejerza de manera pacífica y democrática. Igual que no renunciamos a utilizar la desobediencia civil para preservar derechos fundamentales ni al derecho a la autodeterminación de Cataluña y todos los pueblos del mundo.

El 27 de octubre de 2017 usted ya estaba en prisión. ¿Cómo lo vivió?

Fue un día especial. Los canales de televisión de ámbito estatal daban una imagen de Cataluña como una sociedad violenta y al borde del abismo, cosa totalmente falsa. Se utilizó el discurso del miedo de manera irresponsable, avivando el anticatalanismo más visceral para enfrentar entre sí a los distintos pueblos de España. No me derrumbé porque estoy convencido [de] que hay una parte de la sociedad española que sabe que Cataluña es un país tolerante y con unas convicciones pacíficas y democráticas muy arraigadas, donde todo el mundo es bienvenido.

Si pudiera volver atrás, ¿Cambiaría alguna cosa de lo que hizo en septiembre y octubre de 2017?

No. Hice lo que debía y lo volvería a hacer tantas veces como fuera necesario. No hay nada de qué arrepentirse. Me van a juzgar por haberme manifestado pacíficamente y por haber llamado a la movilización popular, algo que no puede ser delito. La situación demuestra la debilidad del Estado, que en pleno siglo XXI, coarta a la ciudadanía la libertad de expresión y el ejercicio de otros derechos fundamentales. La situación es de máxima gravedad porque si nos condenan por ejercer derechos fundamentales, se dinamitarán definitivamente los cimientos del Estado democrático.