"Prioridad nacional": las concesiones del PP a Vox para volver a gobernar Extremadura

Hay eufemismos en los que cabe toda una ideología. Es lo que sucede con dos de las palabras que el PP ha comprado a Vox para volver a gobernar Extremadura: "Prioridad nacional". Esa suerte de lema ultraderechista esconde lo mismo que el "América para los americanos" de Donald Trump en Estados Unidos. Con "prioridad nacional" en vivienda o sanidad se pone en realidad un candado en las puertas de las viviendas y los hospitales a las personas migrantes. "Prioridad nacional" es, en definitiva, una fórmula más suave para decir "no te queremos aquí", "vete a tu país". Es la búsqueda de una garantía institucional para discriminar a personas por haber nacido en otro lugar.

Pero "prioridad nacional" es también el arco sin retorno que Alberto Núñez Feijóo ha decidido atravesar para que María Guardiola pueda mantenerse como presidenta de Extremadura después de un adelanto electoral que solo sirvió para garantizar una mayor presencia de la extrema derecha de Santiago Abascal. Feijóo, que en los últimos días se ha dedicado a criticar la regularización extraordinaria de personas migrantes mediante la falaz comparativa delincuencia = inmigración, ha supeditado con el pacto extremeño toda su política estatal en materia de vivienda, sanidad o educación.

A continuación, detallamos algunos de los puntos del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura, en su mayor parte cesiones de Génova:

INMIGRACIÓN

Como si más que un acuerdo se tratara de un programa electoral, PP y Vox han acordado que en Extremadura no habrá "más menores extranjeros no acompañados". "Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez", han firmado antes de concretar que "la Junta de Extremadura rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes, tanto mayores como menores de edad". "Los menores", prosigue el acuerdo rubricado, "deben estar con sus padres", o lo que es lo mismo: "Frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que promueve la llegada masiva de menores ilegales mientras hipoteca el futuro de nuestros jóvenes, la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen".

Esta posición, no obstante, se ha topado ya con la réplica de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quien ha lanzado una advertencia al Gobierno de María Guardiola. "Quien piense en incumplir la ley, ya sabe cuáles son las consecuencias", ha reaccionado Rego, que además ha opinado que "el pacto racista entre PP y Vox sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado". "La ley de acogida digna la han cumplido todos los territorios. Y así van a seguir haciéndolo", ha dicho.

Pero esto no es todo. En su empeño contra la inmigración, PP y Vox han pactado la "supresión total de subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas [sic]".

Asimismo, y "en el ámbito de sus competencias, la Junta de Extremadura prohibirá el uso del burka, el nicab y cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos". PP y Vox no solo temen vestimentas sino también el aprendizaje de nuevos idiomas y/o culturas. De ahí que hayan acordado además la "supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí" en los centros de Educación Primaria y Secundaria.

SANIDAD

El acceso a prestaciones sociales para las personas en situación irregular se limitará, según el pacto de Gobierno, a "supuestos de urgencia vital". Si bien no se especifica con mayor detalle, sí reflejan que buscarán poner en marcha un plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura "orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles". "Para los españoles"; o lo que es lo mismo, del que no podrán beneficiarse las personas nacidas en otro lugar.

VIVIENDA

Como con la sanidad y otras prestaciones, PP y Vox han acordado establecer "un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio". Si es acorde a "la legalidad vigente", la ley prohíbe la discriminación de personas migrantes, de ahí que, entre otras cosas, en este acuerdo Vox haya exigido al PP que haga lo posible por modificar la Ley de Extranjería.

SEGURIDAD, LIBERTAD Y PRIORIDAD NACIONAL

Otra de las banderas de la ideología ultra, encarnada primero en Vox y ahora también en el PP, es la de la ocupación, un fenómeno sobreexplotado en el que el discurso del miedo ha vencido a la estadística. PP y Vox han pactado la "aplicación firme del desalojo exprés" y la exigencia de aplicar "el desalojo inmediato de ocupas ilegales".

MEMORIA

Como ya sucedió en anteriores gobiernos, Vox ha forzado al Partido Popular a desentenderse de cualquier tipo de política memorística que condene el pasado franquista de España en pro de una mal llamada "concordia", de nuevo un eufemismo de desmemoria. Además de asegurar que "se impulsarán actuaciones de protección, recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico de Extremadura perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda", han pactado tramitar la declaración como Bien de Interés Cultural de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

El monumento se levantó en el franquismo para, según el alcalde de la época, recordar a los golpistas, a quienes definió como "movimiento nacional salvador de España".