Avances y retrocesos en los Derechos Humanos en América Latina

Avances y retrocesos en los Derechos Humanos en América Latina

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Como vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, he podido presenciar durante estos cinco años las transformaciones y las tensiones que ha vivido América Latina, una región que ha sido objeto de buena parte de mi actividad parlamentaria.

Cada vez que he ejercido mis responsabilidades respecto a América Latina, alguien me ha acusado de injerencia, y seguro que ésta es una experiencia común en esta mesa. Hoy vivimos un momento en el que el orden multilateral y sus instituciones están siendo duramente cuestionados. Se hace desde Washington y desde algunas capitales europeas. Lo hacen los nacional-populistas. Pero algunos que se dicen socialistas e internacionalistas ven el mundo exactamente igual.

Es imposible hablar de América Latina sin dedicarle tiempo suficiente a Venezuela. Tanto las instituciones como las personas que trabajamos por la recuperación de la democracia hemos sido repetidamente acusados de "injerencia". Unas acusaciones profundamente hipócritas cuando todos conocemos la infiltración de agentes cubanos en las fuerzas armadas y en los cuerpos de seguridad venezolanos. Igual que conocemos la influencia que Rusia y China han llegado a tener en los asuntos del país a través de sus negocios con la cúpula chavista.

Creo que la Unión Europea y las organizaciones internacionales no deben temer que la acusen hoy de injerencia, sino que la acusen mañana de haber mirado para otra parte. Creo que no debemos temer que nos acusen de "etnocentrismo europeo", como hizo recientemente el expresidente Zapatero, sino de indiferencia ante el destino de los ciudadanos de América Latina. Mi punto de vista es estrictamente liberal y democrático: parafraseando la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, creo que todos los seres humanos fueron creados iguales, y que hay unos derechos y obligaciones que nos vinculan a todos. Sobre este principio se fundó la Unión Europea, sobre este principio se rige el orden internacional y desde este principio les hablo.

Algunos organismos internacionales están teniendo un comportamiento ejemplar en relación con la crisis venezolana. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos bajo la dirección de Luis Almagro, o el Grupo de Lima. Ambos se han erigido en baluartes de la democracia, no sólo contra los abusos del régimen chavista, sino también frente a Daniel Ortega en Nicaragua. Me gustaría que la Unión Europea mostrara siempre la misma claridad y firmeza, y lo mismo podría decir de la ONU y, en especial, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Me temo que su actuación no ha estado a la altura hasta ahora.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí se ha comprometido con la situación en Venezuela, con el resultado de que el régimen decidió abandonarla en 2013. Es importante reforzar y apoyar a este organismo desde Europa, igual que nos hemos comprometido con otras iniciativas internacionales, entre las que querría destacar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que estaba realizando una labor excepcional para depurar responsabilidades sobre corrupción hasta que el presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato. Dejó de resultarle útil cuando la comisión empezó a investigar a familiares suyos. Ahora pretende completar la tarea a través de la aprobación de una abominable ley de amnistía que persigue establecer la impunidad para crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil: un texto que vulnera la Constitución y la propia legislación guatemalteca, así como convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por Guatemala.

Estamos en un momento histórico en el que hay que elegir entre la cooperación multilateral con los Derechos Humanos como guía, o el aislamiento nacionalista.

Ya que hablamos de corrupción, una de las lacras de América Latina, no quiero dejar de celebrar que en estos años se hayan investigado y juzgado casos gravísimos como el de Oderbrecht. Que haya expresidentes de Brasil o de Perú en la cárcel no es exactamente una buena noticia, pero tiene un lado positivo: la justicia funciona en muchos países de la región. No es así en Venezuela, donde sólo conoceremos el alcance de la corrupción y del narcotráfico cuando se acabe la usurpación de Maduro y las instituciones recuperen su independencia.

Las responsabilidades del chavismo van más allá de la corrupción. Un grupo de países latinoamericanos ha pedido formalmente que la Corte Penal Internacional investigue a los jerarcas del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad. Me gustaría que los Estados de la Unión Europea se sumaran y reforzaran la justicia internacional como uno de los pilares del orden multilateral.

Tampoco se pueden combatir adecuadamente los delitos de Estado en un país como Bolivia, donde Evo Morales ha anunciado que se presentará a una reelección que es claramente inconstitucional, pero podrá hacerlo porque los tribunales que él controla le han dado la razón. La comunidad internacional tiene que vigilar que Bolivia no siga los pasos de Venezuela. El populismo de corte bolivariano está en decadencia. Todavía puede hacer mucho daño en Venezuela y trata de sobrevivir en Bolivia, pero ha sufrido una derrota democrática en Ecuador, cuyos ciudadanos impidieron que Correa hiciera lo que trata de hacer Morales. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La comunidad internacional deberá seguir de cerca lo que ocurra en Brasil tras la victoria de Jair Bolsonaro, un antiguo militar de los que están prestos a hablar de injerencias y al que no preocupan los Derechos Humanos. También deberemos revisar nuestra relación con Cuba. ¿Qué efectos ha tenido la nueva posición común sobre los Derechos Humanos en la isla? Los mismos que la anterior: ninguno. Y si no, vean el acoso castrista a las Damas de Blanco y a UNPACU. El no al referéndum de Díaz- Canel le inquieta sobremanera, máxime con el efecto contagio de Venezuela.

Otro foco de preocupación es México. Recientemente, su embajador ante la Unión Europea me aseguró que el nuevo gobierno de López Obrador se implicaría en la investigación de la matanza de estudiantes en Ayotzinapa y en otros episodios de la violencia impune que es uno de los principales problemas del país. Pero me pregunto si asegurará la independencia de los organismos e instituciones clave y si colaborará con instancias internacionales sin aludir a "injerencias".

Los Derechos Humanos dependen en buena medida de la prosperidad y de la igualdad. La pobreza en América Latina comparte causas con la corrupción, la violencia y el populismo: La debilidad de las instituciones impide la seguridad jurídica necesaria para el crecimiento económico. La Unión Europea no sólo debe contribuir a reforzar las instituciones. En estos tiempos es especialmente importante afianzar los lazos comerciales. Lo hemos hecho con México y confío en que pronto se cierre el acuerdo comercial con Mercosur. Un área de libre comercio de Europa y América Latina generaría enormes oportunidades. Y estas oportunidades ayudarían a frenar las migraciones de Centroamérica mucho más que cualquier muro. Otra cuestión es el problema migratorio venezolano: debemos ayudar al presidente encargado Juan Guaidó en su propósito de distribuir la ayuda humanitaria. Este sábado un millón de voluntarios acudirán a la frontera a recogerla. El chavismo ha anunciado que pondrá francotiradores. Balas contra medicinas.

En resumen: estamos en un momento histórico en el que hay que elegir entre la cooperación multilateral con los Derechos Humanos como guía, o el aislamiento nacionalista. Y en este momento, le corresponde a Europa liderar los valores liberales y democráticos. Si en alguna parte del mundo estamos obligados a demostrarlo, es en América Latina.

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