Terremoto eléctrico: Competencia lanza una nueva batería con otros quince expedientes sancionadores por el apagón

Sálvese quien pueda: la CNMC está actuando. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha lanzado esta semana otra batería de expedientes contra empresas energéticas por el apagón del 28 de abril de hace casi un año. La semana pasada el órgano que preside Cani Fernández ya abrió una veintena de expedientes, uno de ellos también sobre Red Eléctrica, la operadora de red con participación pública.

La cadencia de expedientes que la CNMC subió silenciosamente a su página web el pasado 23 de abril y del que se han tenido noticia ya este viernes 24 de abril da una idea del terremoto administrativo que es el coletazo del apagón de hace un año. Durante meses se ha esperado a que los expertos se pronunciaran y ya lo hicieron: el apagón fue consecuencia de una serie de catastróficas desdichas.

A pesar de que el reparto de culpas entre el operador de red y las eléctricas ha podido terminar en tablas, el debate continúa. Y el curso administrativo de los expedientes que está anunciando CNMC también. Los quince nuevos expedientes conocidos a finales de esta semana se dirigen contra empresas como Endesa, TotalEnergies, Engie o la entidad que gestiona las centrales nucleares de Ascó o Vandellós II.

De la totalidad de 35 expedientes que han trascendido hasta ahora, la mayoría son por una posible infracción del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico. Este artículo determina como graves una serie de infracciones variadas, como por ejemplo operar con instrumentación no homologada o que no cumplan permisos de seguridad, operar instalaciones sin algún tipo de permiso, etc.

Solo la entidad que dirige las centrales nucleares de Ascó o Vandellós II tiene una posible infracción del artículo 65.34 de la misma norma, lo que implica que la CNMC sospecha de que la entidad presentó ofertas al mercado eléctrico anómalas no para vender electricidad a un precio normal, sino para tratar de influir en qué fuentes de generación y qué centrales entraban o no en el precio final de la electricidad. 

Por supuesto, hasta que el expediente no concluya no se puede concluir nada más. Por eso, la noticia por el momento es que la CNMC mantiene esos expedientes abiertos, incoados, que tienen el plazo de 18 meses para ser resueltos. En otras palabras: la fecha límite para conocer el resultado en firme de estas sospechas es octubre del año que viene.

Cani Fernández ya dio explicaciones en el Congreso

El auge de estos expedientes sancionadores coincide temporalmente con la reciente declaración de Cani Fernández, presidenta de la CNMC, en una comisión del Congreso. En su intervención, además de urgir al Gobierno y a la oposición a aprobar las normas que habilitarían a Competencia para ser la Coordinadora de Servicios Digitales, enfatizó en que el 28 de abril existían "suficientes" mecanismos regulatorios.

Fernández aseguró en la Cámara Baja que no existió en ningún momento un "vacío normativo" y la prueba de ello es que apenas un año después se empiezan a ver los frutos de las distintas investigaciones que iniciaron desde la institución.