Nadie dijo que iba a ser una fácil, pero cada vez se antoja más que complicado que BBVA pueda cumplir con sus planes. Un camino que se ha llenado de piedras y que sigue recorriendo con un objetivo trascendental para la entidad financiera: convencer a los accionistas Banco Sabadell y adquirir la entidad liderada por Josep Oliu.

Ya ha llovido un poco desde que el banco liderado por Carlos Torres dio un paso adelante y lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) para hacerse con la entidad financiera catalana.

Desde aquel 9 de mayo de 2024, en el que BBVA movió la primera ficha del tablero, la operación hostil ha pasado por varias fases y su viabilidad ha sido objeto de análisis. Pero parece haber llegado a un escenario que parece definitivo: el 'sí' del Gobierno condicionado a una serie de exigencias. 

Más de un año después, la situación ha vivido numerosos altibajos hasta alcanzar el punto de mayor duda tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros del pasado martes. Pese al apoyo del Banco Central Europeo (BCE), en septiembre de 2024 y el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el pasado 30 de abril, el balón estaba en el tejado del Gobierno.

Fue entonces cuando Moncloa decidió adoptar un paso inédito en este tipo de ofertas hostiles, lanzar una consulta pública para conocer el interés general de la ciudadanía respecto a la OPA de BBVA por Sabadell.

De hecho, la consulta cuenta con unos datos que llaman poderosamente la atención, como que el 88% de los encuestados se oponía a la intervención del Gobierno de España en la operación.

Pese a ello y con la decisión en manos de Moncloa, el ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, dio a conocer la hoja de ruta fijada por el Ejecutivo central para que la OPA pueda seguir adelante.

Las condiciones del Gobierno

Sí, pero no. Algo así es lo que el Gobierno decidió en el Consejo de Ministros del pasado martes. En primer lugar, dio el visto bueno a la oferta de BBVA por el Sabadell, lo que llevaría la misma a la última fase, en la que decidirían los accionistas de la entidad catalana si la ven con buenos ojos o no.

Pero esa vía libre es menos libre de lo que la entidad de Carlos Torres había pensado durante los pasos a seguir por el Ejecutivo. Carlos Cuerpo explicó que se autorizaba la operación con varias condiciones de bastante peso: se debe mantener la personalidad jurídica y patrimonios separados y debe haber autonomía de gestión durante 3 años.

El objetivo del Gobierno es el de garantizar un "adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial, protección de los trabajadores, cohesión territorial, objetivos de política social y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico".

En el caso de seguir adelante con la OPA, esa autonomía obligatoria se deberá concretar en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones que "afecten a la política de financiación y crédito, recursos humanos, red de oficinas y servicios bancarios y obra social".

Esta presión sobre los planes de BBVA también obligará a que la eficacia será evaluada con una antelación de entre seis y dos meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada. "Transcurridos 3 años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de dos años", detalló Moncloa.

¿Próxima parada?

La postura del Gobierno lastra por completo la idea que BBVA tenía sobre la OPA por Sabadell. Tras el compromiso con la CNMC, el regulador estimaba que a finales de año podrían obtener la ansiada luz verde a la operación. 

Pero los condicionantes de Economía han dinamitado los planes de la entidad de Carlos Torres y, tal y como informó El País, está barajando la opción de retirar la oferta tras el varapalo del Ejecutivo central. 

Según recogió Newtral, la consulta pública del Ministerio de Economía recibió un total de 348.600 respuestas. Pero un 88,7% de las personas que participaron en el proceso se mostró contraria a la intervención de Moncloa y reclamaba que la decisión la adoptaran los accionistas de Sabadell. 

Desde la Comisión Europea, un portavoz consultado por Europa Press recordó que "cualquier condición impuesta por un Gobierno para aprobar una transacción debe ser excepcional, proporcionada y justificada por razones válidas de interés público".

"Si tanto los supervisores bancarios como las autoridades de competencia han dado luz verde a una fusión bancaria con o sin medidas paliativas, no hay base para detener tal operación basándose en una decisión discrecional de un gobierno nacional", agregaron fuentes comunitarias que advierten de que la posibilidad de que los Gobiernos restrinjan las libertades fundamentales, incluida la libre circulación de capitales, está "estrechamente definida" por el Tribunal de Justicia.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, también aseguró que "tendrán que ser los inversores internacionales y posteriormente, quizá la Comisión Europea, los que analicen si efectivamente están justificados" los condicionantes del Gobierno.

"Más allá de lo que es este caso concreto, poner obstáculos desde el punto de vista de lo que es en Europa, y no es solamente el caso de España, tenemos otros casos, de alguna forma limita la credibilidad del discurso sobre la unión del mercado de capitales", defendió.

El Gobierno ya se ha posicionado y lo ha hecho de una forma que difícilmente agradará a BBVA. Los condicionantes de Moncloa a que la operación siga adelante hacen tambalear por completo una OPA por Sabadell que se ha ido llenando de hostilidades. Ahora será la entidad de origen vasco la que tomará una decisión, aunque según señala Bloomberg, no descartan, para nada, la opción de seguir adelante con la oferta.

Si continúan con sus planes, comprometiéndose a los condicionamientos del Gobierno, deberá enviar a la CNMC y al regulador estadounidense de los mercados (la SEC) sus nuevos planes y, desde julio, se daría el pistoletazo de salida a que los accionistas de Sabadell sean los que tengan la última palabra.