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10/07/2013 07:32 CEST | Actualizado 08/09/2013 11:12 CEST

Rajoy, en su hora más grave

Si se comprueba que el señor Rajoy cobró cantidades indebidas siendo ministro y mintió sobre ello siendo presidente, la conclusión es evidente: en esas condiciones, no puede seguir gobernando España. Si Mariano Rajoy como persona cree que se puede permitir que la sospecha se mantenga, España no puede permitirse que la figura de su presidente esté bajo sospecha y sometida a chantaje por un presunto delincuente que está en prisión.

Cuando estalló el llamado caso Bárcenas y pudimos medir su alcance y gravedad, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo públicamente que Mariano Rajoy debía abandonar la presidencia del Gobierno.

El argumento era sencillo y contundente: puesto que no se trataba de un hecho aislado sino de indicios muy severos que apuntaban a una trama de financiación ilegal del PP, a partir de ese momento, el presidente del Gobierno había perdido la capacidad para ejercer su función con la autonomía que es imprescindible para gobernar un país.

La sombra de Bárcenas, predijo Rubalcaba, perseguirá a Rajoy durante todo su mandato y en esas condiciones es imposible gobernar. Rajoy debe dar un paso atrás y dejar su sitio a alguien que tenga la libertad que él ha perdido. Eso mismo repitió Rubalcaba en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Por desgracia, la profecía se ha cumplido sobradamente. La investigación judicial sobre la trama se ha convertido en una pesadilla para el PP y para el presidente del Gobierno, que lleva varios meses viviendo bajo la espada de Damocles de las revelaciones de alguien que parece dispuesto a llevar el chantaje hasta sus últimas consecuencias.

Pero en los tres últimos días han aparecido testimonios y documentos que han creado una situación nueva y aún más grave. Porque lo que se ha puesto en cuestión con las revelaciones que se han publicado ya no es tan sólo la financiación ilegal del PP, el pago clandestino de sobresueldos a sus dirigentes o la limpieza de las elecciones, sino el comportamiento del propio presidente del Gobierno.

Si lo que se ha difundido estos días es cierto, el presidente Rajoy habría cometido dos hechos muy graves:

a) Cobrar indebidamente un dinero de origen más que dudoso mientras formaba parte del Gobierno, lo que es claramente ilegal y quebranta la Ley de Incompatibilidades.

b) Negar públicamente haber recibido ese dinero, y en democracia los gobernantes no tienen derecho a mentir, y mucho menos cuando está en cuestión su propia actuación.

Si se comprueba que el señor Rajoy cobró cantidades indebidas siendo ministro y mintió sobre ello siendo presidente, la conclusión es evidente: en esas condiciones, no puede seguir gobernando España.

Si Mariano Rajoy como persona cree que se puede permitir que la sospecha se mantenga, España no puede permitirse que la figura de su presidente esté bajo sospecha y sometida a chantaje por un presunto delincuente que está en prisión.

Hay que despejar las dudas de una vez por todas y para siempre. Eso sólo puede hacerlo una persona: don Mariano Rajoy. Y sólo puede hacerlo de una manera, acudiendo al Parlamento y contando la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Esto es lo que hubiera ocurrido hace tiempo en cualquier otra democracia en la que el primer ministro estuviera sometido a acusaciones tan graves. Esto es lo que tiene que ocurrir aquí, ya, sin dilación.

Este jueves se reúne la Diputación Permanente del Congreso y vamos a pedir, una vez más, que comparezca el presidente del Gobierno y cuente la verdad. Tiene una gran oportunidad de hacerlo, si es que quiere y puede. Sin embargo, lo que nos tememos es que ni quiere ni puede. O mejor dicho, que no quiere justamente porque no puede.

Sólo tiene que contestar a dos sencillas preguntas:

Primera: ¿Ha recibido pagos externos a su retribución oficial como miembro del Gobierno?, ¿sí o no?

Segunda: ¿Ha dicho la verdad cuando ha negado públicamente haber recibido esos pagos?, ¿sí o no?

Si está en condiciones de responder NO a ambas preguntas y sostenerlo, se habrá hecho un gran favor a sí mismo y a su país. Y por cierto, en ese caso, no sé a qué espera para querellarse contra quienes han difundido esas acusaciones.

Si no está en condiciones de dar esa respuesta, sencillamente se tiene que ir. Esa es la regla de oro de cualquier democracia que se respete a sí misma.

Y en este caso no vale la callada por respuesta, ni el envío de emisarios. En este caso, callar o eludir su obligación personal de hablar equivale a asentir. Todo el mundo sabrá lo que eso significa.

Hablamos de moral pública, de la ética del gobernante, y Rajoy está en su hora más grave. Si tiene una verdad que se pueda explicar, lo tiene que hacer ya. Si no, tiene que abandonar su puesto. Aún le quedan unas horas para reflexionar; la respuesta, mañana en el Congreso.

SOMOS LO QUE HACEMOS