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25/06/2021 07:07 CEST | Actualizado 25/06/2021 07:07 CEST

Casado con los insultos

A la derecha española ya no le quedan descalificaciones para referirse al Gobierno, a su actual presidente y a la izquierda.

Europa Press News via Europa Press via Getty Images
El presidente del PP, Pablo Casado.

A la derecha española ya no le quedan descalificaciones e insultos para referirse a este gobierno, a su actual presidente y a la izquierda. Parecía que habíamos llegado al clímax en el contexto de las sucesivas olas la pandemia. Primero por la prórroga del estado de alarma y al final también por su derogación, pero arrecian aún más si cabe -ahora que la vacunación permite recuperar paulatinamente la normalidad sanitaria, social y económica en España- con motivo del anuncio y de la concesión de los indultos a los condenados por el procés.

De nuevo el nacionalismo español retoma Cataluña como obsesión y vuelve la agitación, si es que alguna vez la había abandonado. Todo ello cuando todavía nos encontramos a mitad de la legislatura, aunque es verdad que, por primera vez desde la moción de censura que acabó con el gobierno Rajoy, con mayores expectativas electorales (pero también con mayor competencia interna entre sus dirigentes) para las derechas después de su triunfo incontestable en las elecciones madrileñas. En la línea de la deslegitimación y la criminalización del gobierno caracterizado de socialcomunista, apoyado en nacionalistas, exetarras y separatistas, como la mayoría parlamentaria franquestein de la ‘anti-España’ frente al autodenominado constitucionalismo.

Sostiene Casado, como principal argumento, que el gobierno con los indultos pretende comprar unos meses más de moqueta y de avión oficial poniendo en riesgo el sistema democrático y la unidad de España. Toda una declaración de principios populista frente a los oropeles y las prerrogativas del poder a las que el PP nunca ha renunciado.

De otra parte, no parece que con la investidura, presupuestos y fondos europeos aprobados, el gobierno actual esté en peligro ni requiera de apoyos adicionales para mantenerse durante toda la legislatura. Aunque, por otra parte, que un gobierno quiera quedarse mientras pueda es una obviedad, tanto como que la oposición pretenda llegar al gobierno. Es la política. Lo que no lo es tanto son las malas mañas y el todo vale para conseguirlo.

También, en su momento, el partido popular acusó al ejecutivo de Zapatero de favorecer el apaciguamiento a los contactos con la dirección de la banda armada -que ellos también intentaron- y de tregua trampa al alto el fuego unilateral que luego se consolidó como el principio del fin de ETA. Ahora, condenan de nuevo los indultos como política de apaciguamiento y como pacto trampa para desarmar España, con el objetivo oculto de cambiar de régimen.

Otra cosa es que legítimamente no se coincida con la explicación de las motivaciones de convivencia y concordia del gobierno, en primer lugar dentro de Cataluña y también de Cataluña dentro de España o que se prefiera acudir a teorías de la conspiración sobre compromisos ocultos para romper España, cuando a nadie se le oculta que cualquier iniciativa de un deseable diálogo político debe pasar inexcusablemente por mayorías cualificadas que requerirían el apoyo de la derecha dentro de las previsiones constitucionales.

Otro de los argumentos reiterados en tiempos de pandemia es que el gobierno no ha explicado las razones que le han llevado a aprobar los indultos. Sin embargo, no han faltado los argumentos, más o menos erráticos y más o menos afortunados, de concordia y utilidad pública antes y después del anuncio y, sobre todo, a raíz de los informes negativos de la fiscalía y del Tribunal Supremo, tanto en sede parlamentaria como en actos públicos dentro y fuera de Cataluña. Es cierto que la comparecencia comprometida y la rueda de prensa han podido hacerse antes y no después de la excarcelación, y con ello contribuir al debate público.

Sin embargo, cuando sectores de la sociedad civil como empresarios, sindicatos e iglesia católica se manifiestan a favor de los indultos, más allá de Cataluña, Casado pide exclusividad para los políticos y para el parlamento en las valoraciones sobre los indultos, descalificando e insultando a sus legítimos representantes. No obstante, no le molestaban las instituciones ni las plataformas sociales cuando se mostraban en contra en la movilización de Colón. Ahora resultaría que, según el PP y algunos medios y comentaristas afines, el gobierno no solo pretende comprar su propia estabilidad con los indultos, sino que también parece haber comprado al empresariado aprovechándose del próximo reparto los fondos europeos. Se opta por la maledicencia como argumento de análisis político y les traiciona el inconsciente del fracaso de la derecha, al menos hasta ahora, en su intento por obstaculizar la concertación social, y lo que es más grave aún, de abortar la propia posibilidad de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia para la recuperación económica de España de los efectos de la pandemia. Todo un ejemplo de patriotismo.

También la oposición conservadora, tan pronto reclama la exclusiva para el parlamento, como después de salir derrotada de sucesivas proposiciones no de ley de rechazo de los indultos, propone que lo decidan los españoles en referéndum popular. Otros, ya entrados de lleno en la dinámica populista, proponen soluciones más drásticas como que se excluya a los políticos de los indultos con el argumento de que no se puedan autoindultar, o apuestan directamente por la supresión de la prerrogativa gubernamental del derecho de gracia, como anacrónica y opuesta a la justicia, como si no fuesen, tanto la una como la otra constitucionales, y no formasen parte de las constituciones democráticas de nuestro entorno. Late en el fondo de la parte más aguerrida de estas posiciones un sentimiento vindicativo más que de justicia, y no solo para los politicos sino en general, lo que se concreta en que tengamos uno de los códigos penales más duros de Europa en penas de cárcel y con un cumplimiento de condena de los más largos, sin el desarrollo suficiente de penas alternativas , con una falta de orientación clara y de medios para la reinserción de los condenados.

Además del insulto y la mentira, no se ha parado en barras para hacer anti-política desde la propia política a riesgo de debilitar a las instituciones. Así, la acusación al gobierno de involucrar al rey en los indultos tiene la misma carencia de rigor que acusarle de involucrarlo en la ley del mínimo vital, en la de eutanasia o en la de presupuestos. Todas llevan su firma y de ninguna es responsable. Porque el indulto ha de ser refrendado por un miembro del Gobierno, en este caso el Ministro de Justicia, que es el responsable, tal y como establece el art. 64 de nuestra Constitución, ya que la concesión del mismo es una decisión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia.

Por eso, cada vez que oigo esta falta de argumentos, me reafirmo más a favor de los indultos, aunque los independentistas no ayuden y aunque quepa la posibilidad de que no lo aprovechen para negociar dentro de la Constitución. Unos indultos parciales para la distensión que permita recuperar el diálogo político.

Estoy convencido, como mi compañero y amigo Coscubiela, de que en asuntos de tanta inflamación, como lo es el recuperar la convivencia en Cataluña, a corto y medio plazo, no hay soluciones, sino solo algunas salidas.  Pero la incertidumbre actual, incluso el pesimismo de la razón, no justifican el inmovilismo y mucho menos el insulto, para añadir con ello más degradación de la vida política y de la convivencia del conjunto de los españoles. Se trata de drenar la herida antes de curarla, no de infectarla aún más.

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