El Gobierno gravará con un 4,8% los ingresos de la banca y con un 1,2% los de las energéticas

La proposición de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria a la espera de recibir enmiendas y el rechazo ya anunciado de la oposición.
|

Los impuestos anticrisis llegan al Congreso. El PSOE y Unidas Podemos han presentado ante la cámara legislativa los nuevos tributos que buscan amortiguar la inflación y proteger los bolsillos de los españoles. Por ello, a partir de este jueves, inician su trámite parlamentario que esperan que sea “lo más rápido posible”.

Desde la sala de prensa, el nuevo portavoz de la bancada socialista, Patxi López, ha detallado la composición de los nuevos tributos que finalmente gravarán a las grandes eléctricas con un 1,2% sus ventas y a la banca con un 4,8% sobre sus comisiones e intereses netos.

Una medida que va a servir para aliviar la economía de los españoles y que se aprobó en el Congreso en el segundo paquete de medidas anticrisis. “Desgraciadamente la guerra de Putin nos ha traído una inflación que está generando dificultades a la mayoría de economías domésticas”, ha expresado.

Estos impuestos, con los que el Gobierno pretende recaudar hasta 7.000 millones de euros en dos años, tendrán un carácter temporal y extraordinario. Para avanzar en su difusión, este viernes, el Gobierno prevé reunirse con el sector empresarial para informar de la medida que afectará a una veintena de empresas.

“Hay una salida de la crisis más justa y más equitativa”

- Patxi López

La medida además cuenta con el amparo constitucional y así lo ha destacado también López. Los tributos tienen el respaldo del artículo 31.3 de la Constitución, ya que se materializan como prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, igual que la aportación que ya realiza la banca por sus activos fiscales diferidos.

“Me parece que es tan de sentido común (...) Les corresponde ahora a estos que obtienen beneficios extraordinarios aportar su parte de solidaridad”, ha expresado el político vasco a la vez que ha asegurado que este paso es “avanzar hacia un pacto de rentas para luchar contra el incremento continuado de los precios”.

Por el momento, grupos de la oposición como el Partido Popular ya han anunciado que rechazarán la propuesta. “Tendrá él (Feijóo) que dar las explicaciones”, ha respondido López ante la pregunta sobre qué le parecía la posición del Partido Popular.

Así es el impuesto a las eléctricas

La propuesta centra el tributo en las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019. Todas las que entren en este grupo tendrán que abonar por el 1,2% del importe neto de la cifra de negocios anual correspondiente a 2022 y 2023.

La obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50% del importe total en el mes de febrero.

El texto también incluye excepciones. Quedarán excluidos del pago de la prestación los grupos cuya parte energética supone menos de la mitad del importe neto de su cifra de negocios.

Es decir, que solo abonarán la prestación los operadores energéticos considerados principales a efectos de la CNMC: cifra neta de negocios de más de 1.000 millones en 2019 y que la parte energética sea su actividad principal.

... Y así, el de la banca

Finalmente, el sector bancario no gravará sus beneficios pero sí el margen de intermediación, es decir, los intereses y las comisiones netas a las que se le aplicará el 4,8%.

Al igual que el tributo anterior, la obligación de pago nace el 1 de enero del año siguiente (2023 y 2024), que se abonará en septiembre, aunque se exigirá un pago a cuenta del 50% del importe total en el mes de febrero.

La prestación será obligatoria para las entidades financieras cuyos intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes superaran los 800 millones de euros en 2019.

Una vigilancia exhaustiva

Una de las mayores incógnitas es si estas empresas repercutirán los tributos en los consumidores. A este respecto, la propuesta ya ha fijado una vigilancia para que esto no ocurra.

Estos pagos no podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutirse al cliente, algo que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en colaboración, en el caso de la banca, con el Banco de España, y cuyo incumplimiento podría suponer sanciones por el 150 % del importe repercutido.

El documento también incluye que la prestación se limitará en esencia a grupos fiscales, lo que implica que quedan fuera las operaciones intragrupo y no se gravarán las comisiones e intereses obtenidos mediante filiales en el exterior.

Podemos insiste en la mano dura

Acto seguido, el portavoz de los socios de Gobierno, Pablo Echenique, ha aplaudido el paso dado “hacia la democracia” y ha recordado que van a estar vigilantes para que estos impuestos no repercutan en los consumidores.

En esa línea, Echenique también ha recordado que pese a que es un paso importante, ellos hubieran incluido “mano dura” con la introducción de un nuevo delito en el Código Penal. “Veremos cómo funciona el mecanismo pactado pero si esa práctica atenta contra el compromiso que haya mano dura e insistiremos en ello”, ha expresado.

“No puede ser que los banqueros se rían de la gente con sueldos millonarios mientras a la gente les cuesta llegar a fin de mes”, ha comparado.

Echenique también ha expresado que “esperan que el trámite sea lo mas rápido posible” aunque no descarta enmiendas. “Con la mayoría progresista de la cámara intuyo que las modificaciones no serán para descafeinar la ley sino para hacerla más ambiciosa”, ha añadido.