La Ley de Trata exime de cárcel a los clientes que usen servicios de una víctima si lo denuncian a la Policía
En caso de no dar información a las autoridades, el putero se enfrenta a una pena de prisión de entre 1 y 4 años.
La futura Ley de Trata ha pasado el primer trámite en el camino hacia tener luz verde definitiva. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal.
El texto fija penas de cárcel de entre uno y cuatro años para quienes hagan uso de servicios, prestaciones o actividades de la persona víctima de trata. Sin embargo, exime de ese castigo a quienes hagan un uso ocasional y lo denuncien ante la autoridad pertinente antes de la apertura del procedimiento o de las correspondientes diligencias policiales o judiciales.
El texto que adelanta Europa Press señala que los puteros no ocasionales serán castigados, además de con penas de cárcel, con inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por un tiempo superior entre tres y seis años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.
Además, se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciera a una organización, grupo o asociación criminal que se dedique a la trata o la explotación y si se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior.
El texto también especifica que el consentimiento de la víctima será irrelevante en los delitos de trata y crea crea nuevos tipos penales para castigar con penas de cárcel de 5 a 8 años los trabajos forzosos; de seis a nueve años la servidumbre; y de 8 a 12 años, la esclavitud.
Una norma en común
En la elaboración del anteproyecto de ley han participado los Ministerios de Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión, entre los nueve departamentos que han aportado algo al texto. Para la titular de Justicia es “un compromiso ético, un compromiso democrático de primera magnitud”, a pesar de las diferencias surgidas en el seno del Gobierno.
“Es fundamental que nos centremos en las víctimas y que como Estado social y de derecho que somos ofrezcamos un itinerario a quienes se ven atrapados en estos círculos”, ha subrayado la ministra de Justicia en la rueda de prensa desde Moncloa.
