Ignasi Guardans realiza un análisis sobre la justicia en España y califica con un adjetivo los casos de Begoña Gómez y David Sánchez

El exdiputado en el Parlamento Europeo y jurista español Ignasi Guardans ha estado en el programa 'LaSexta Xplica', dirigido por el periodista y presentador de televisión José Yelamo. Allí, el reconocido jurista ha ofrecido un análisis sobre la justicia en España, calificando además con un contundente adjetivo los casos de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, y David Sánchez, su hermano. 

"Yo no tengo ningún problema en decir que me parece que el juez Peinado ha dictado resoluciones injustas (...) Yo creo que todo lo que ha hecho Peinado desde el principio es injusto. Y creo que la sentencia de Badajoz es injusta. Entera injusta. Por lo tanto, sí acuso aquí en antena de injusticia, no de prevaricación", ha señalado Guardans en directo.

"Porque algunos criticamos sentencias por injustas, por abusivas, por falta de pruebas, porque es una especie de injusticia en derecho penal que convierte los delitos en intención, que es inquisitorial, que es lo que está ocurriendo en ambos casos. Esto es peligrosísimo", ha agregado.

Durante su intervención, el político también ha querido denunciar la situación actual de la justicia, algo que ha comparado con un incendio. "Lo que está por ver es quién es el responsable de un incendio: ¿Quién lo ha provocado o quién lo denuncia? El incendio está en la justicia, y lo que algunos estamos denunciando es que hay fuego. Hay fuego en la justicia", ha concluido en su intervención. 

Lo de Begoña Gómez y David Sánchez...

La esposa del presidente del Gobierno ha sido investigada y enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación relacionados con su actividad al frente de una cátedra de la Universidad Complutense y con gestiones realizadas en favor de determinadas empresas, aunque ella niega haber cometido irregularidades. 

Por su parte, David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, fue condenado (sin pena de cárcel) por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, al considerar el tribunal que su contratación en la Diputación de Badajoz se produjo mediante un proceso diseñado para favorecerle; no obstante, fue absuelto del delito de tráfico de influencias por el que también estaba acusado.