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10/12/2015 07:00 CET | Actualizado 09/12/2016 11:12 CET

Ser transparente es decir siempre la verdad

transparencia La Administración General del Estado, con solo un año en transparencia, ha visto cómo más de cuatro millones de ciudadanos se han asomado a sus datos, más de 3.400 han solicitado información, y más de 400 han reclamado al Consejo de Transparencia que, en un cincuenta por ciento de los casos, ha dado la razón al ciudadano. La transparencia ya es un derecho de todos y un deber a saber, a exigir, a participar. Es el momento y no debemos esperar más. Apuesta por la transparencia.

Imagen: ISTOCK

Hace unos días, acudí al colegio público El Quijote, de Vallecas Villa en Madrid, a entregar un premio a uno de los niños que participó en el primer concurso infantil Qué es la transparencia para ti, organizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Diego, el niño que recibía su diploma, había escrito que "ser transparente es ser visible".

Días antes, otros niños premiados nos dijeron que "ser transparente es que no te puedan llamar mentiroso", o que "ser transparente es decir siempre la verdad, y si estoy jugando a la play no puedo decir que estoy trabajando".

Las frases entrañables de estos niños, desde su inocencia, me descubrían que estaban en lo cierto. Porque la transparencia no es otra cosa que contar las cosas, que nos descubran los datos que hasta ahora estaban ocultos, que los políticos nos cuenten lo que hacen, que nos describan cómo gastan nuestros impuestos. En definitiva, que nuestros gestores públicos nos digan la verdad.

Han pasado dos años desde que el 10 de diciembre de 2013 nuestro Parlamento aprobara la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dos años de espera hasta que la ventana de la transparencia ha quedado abierta definitivamente en toda España, obligando a todas las administraciones públicas a servir una información que ya es propiedad de los ciudadanos, que tienen el derecho y el deber de saber y de participar en la vida pública.

Quizá los ciudadanos de los territorios, hoy, se hayan levantado como cada día y acudan a su trabajo elucubrando sobre asuntos que les gustaría conocer. ¿Cómo se gastan mis impuestos? ¿Quién habrá tomado esta decisión? ¿Quién es el responsable de esta medida que me afecta? Todo parece seguir igual. Sin embargo, no es así. En todos los territorios ya no hay excusas, no hay más plazos, ni silencios. Todas las preguntas, en el ejercicio del derecho a saber, están amparadas por una Ley, y el ciudadano tiene que recibir respuestas veraces y concretas.

Como todos los grandes cambios, la Ley crea un órgano independiente en la Administración General del Estado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y su homólogo en los distintos territorios autonómicos, para vigilar que ese derecho se garantice.

Extraordinaria oportunidad para pasar de la queja a la acción, para implicarse en la toma de decisiones, para observar y demandar una rendición de cuentas tantas veces deseada.

Para que la transparencia se produzca, es necesario que todos nos impliquemos y que las administraciones públicas, que se han organizado durante estos tres años para gestionar la información, cumplan con la transparencia gracias al conjunto de empleados públicos preparados y comprometidos con el derecho a saber de los ciudadanos.

Son importantes en esta carrera los medios de comunicación y las redes sociales, que hoy palpitan a ritmo veloz haciendo que lo que alguien pregunta pase inmediatamente a ser propiedad de todos.

También las universidades, que habrán de formar expertos que trabajen en el afianzamiento de este nuevo derecho que se extenderá en la sociedad, creciendo junto a una democracia cada vez más participativa. Las ONG, que tanto trabajaron y esperaron diez legislaturas reclamando una Ley como la que ahora tenemos. Y todos nosotros, ciudadanos críticos, exigentes, que deseamos volver a creer en lo público y tener confianza en nuestras instituciones, tan valiosas y tan denostadas.

Unos cuantos podremos hacer mucho, pero muchos podremos hacerlo todo. La propia Ley lo dice de forma contundente en su preámbulo: "Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que demanda participación".

Tantas veces hemos pedido participar, saber, conocer... que, ahora que tenemos esta posibilidad, no podemos negarnos a exigir la transparencia.

Mientras amanece un día especial, principio de un futuro cuyo cambio está en nuestras manos, recordemos las palabras de los niños del concurso: "Ser transparente es decir siempre la verdad".

¿Habrá que esperar una generación? Creo que no, la Administración General del Estado, con solo un año en transparencia, ha visto cómo más de cuatro millones de ciudadanos se han asomado a sus datos, más de 3.400 han solicitado información, y más de 400 han reclamado al Consejo de Transparencia que, en un cincuenta por ciento de los casos, ha dado la razón al ciudadano. Hoy se suben a la transparencia las comunidades autónomas y las entidades locales. Toda España camina ya en transparencia, todos los ciudadanos, sin excepciones, tienen ya derecho a preguntar, a demandar información en todos los territorios.

La transparencia ya es un derecho de todos y un deber a saber, a exigir, a participar. Es el momento y no debemos esperar más. Apuesta por la transparencia.