La Corte Penal Internacional rechaza la orden de Trump, se dice "firme" en su labor y pide apoyos a otros países
Pese a la andanada de EEUU, se compromete "a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo".
La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes la emisión de una orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a funcionarios del tribunal, lo que va a “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, advirtió la institución, que investiga crímenes de guerra de Israel en Palestina.
En una reacción, la CPI subrayó que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” en todas las investigaciones que tiene abiertas.
Entre ellas se encuentra la que es razón de las sanciones que busca imponer Estados Unidos, que incluye una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.
“Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, agregó el tribunal en un breve comunicado en reacción a la firma esta madrugada de una orden ejecutiva para sancionar a la corte por sus acciones contra Estados Unidos y aliados como Israel.
Trump consideró en ese documento que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “estrecho aliado”, y que ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.
Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.
Otra de las investigaciones abiertas por la CPI se centra en los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ucrania durante la agresión rusa, lo que también conllevó la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos a Rusia, una investigación y decisión que sí estuvieron respaldadas por Estados Unidos.
La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida. La firma de la orden llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien la CPI considera, entre otras cuestiones, presunto responsable de crímenes como el uso del hambre como arma de guerra contra los palestinos de Gaza.
La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma en 2002, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
El presupuesto del tribunal para 2025 es de unos 195 millones de euros, según Reuters.
Relaciones históricas
Como explica en su web el International Criminal Court Project, Estados Unidos históricamente ha sido "un ardiente defensor de la justicia penal internacional", habiendo desempeñado "papeles críticos" en el establecimiento y funcionamiento de la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas (ONU), los tribunales de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg y Tokio, y los modernos tribunales internacionales ad hoc e híbridos de las Naciones Unidas para la exYugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya, Líbano y otros.
La Corte Penal Internacional (CPI), el único tribunal penal internacional permanente con el mandato de investigar y enjuiciar los crímenes atroces internacionales de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión, "es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional", pero en ella no está Washington.
En la actualidad, 123 naciones han ratificado el Estatuto de Roma y son miembros de la Asamblea de Estados Partes de la CPI. Aunque EEUU desempeñó un papel central en el establecimiento del Estatuto que creó la CPI, no es un Estado Parte.
Sobre la base de los "avances positivos" que se produjeron al final de la Administración de George W. Bush, la relación entre Estados Unidos y la CPI progresó significativamente durante la administración de Barack Obama, y la Casa Blanca brindó un "apoyo variado e importante a la Corte en la máxima medida permitida por la legislación estadounidense vigente". "Sin embargo, las políticas de la administración de Donald Trump pusieron de relieve una relación mucho más complicada entre Estados Unidos y la CPI", añade.
Ahora ha llegado el último golpe.
