Trump castiga al arquitecto de la ley europea que incomoda a Silicon Valley

Estados Unidos ha decidido castigar con visados lo que no ha logrado frenar con argumentos. La Administración de Donald Trump ha prohibido la entrada en el país a cinco ciudadanos europeos, entre ellos Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior y uno de los principales arquitectos de la ley comunitaria que regula a las grandes plataformas digitales. Washington convierte así una disputa regulatoria en una represalia política directa contra quien considera responsable de incomodar a Silicon Valley.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha defendido la medida con un discurso sin matices. Según ha afirmado en un comunicado, los sancionados “han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan”. Para el Departamento de Estado, su entrada o actividad en EEUU tendría “consecuencias potencialmente adversas”, una formulación que justifica tanto la prohibición de visado como la posibilidad de iniciar procesos de deportación.

Breton ha respondido desde la misma trinchera digital que le ha convertido en objetivo político. En un mensaje publicado en X, el excomisario francés se ha preguntado si “vuelve a soplar el viento del macartismo”, en referencia a la persecución ideológica de los años cincuenta en Estados Unidos. Y ha recordado un dato incómodo para el relato de Washington: “El 90% del Parlamento Europeo —nuestro órgano elegido democráticamente— y los 27 Estados miembros votaron por unanimidad la DSA”. Su mensaje a “mis amigos estadounidenses” ha ido directo al núcleo del choque: “La censura no está donde creéis”.

El veto no se limita al excomisario europeo. La Administración Trump también ha incluido en la lista negra a Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate; a Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de la organización alemana HateAid; y a Clare Melford, cofundadora del Global Disinformation Index. Von Hodenberg y Ballon han denunciado que la medida busca “obstaculizar la aplicación del derecho europeo a empresas estadounidenses que operan en Europa” y han advertido: “No nos intimidará un gobierno que utiliza acusaciones de censura para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión”. Desde el GDI, un portavoz ha calificado el veto de “inmoral, ilegal y antiamericano” y de “ataque autoritario a la libertad de expresión”.

El origen del choque se encuentra en la Digital Services Act (DSA), la normativa europea que obliga a plataformas como X, Meta o TikTok a retirar contenidos ilegales, combatir la desinformación y rendir cuentas sobre sus algoritmos. Breton se situó en el centro de la polémica tras enviar una carta al propietario de X, Elon Musk, recordándole las obligaciones legales de la plataforma bajo la DSA. El gesto llegó horas antes de una entrevista en directo entre Musk y Trump y precedió a una multa de 130 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a X por incumplir sus obligaciones de transparencia.

Para Washington, la DSA no representa una regulación legítima, sino una amenaza ideológica. La Administración Trump ha ordenado a sus diplomáticos construir oposición internacional contra esta ley y ha elevado el tono en su Estrategia de Seguridad Nacional, donde acusa a líderes europeos de “censurar la libertad de expresión” y de suprimir el debate sobre inmigración, con el riesgo —según el documento— de una “erosión civilizatoria” del continente. En ese marco, Rubio ya había calificado la multa a X como “un ataque al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”.