Inmigrantes: la atención médica básica no es negociable

Ante la gravedad de la crisis que golpea Europa y los duros recortes anunciados por algunos de sus Gobiernos, los inmigrantes indocumentados se están convirtiendo en víctimas ideales. Las recientes decisiones tomadas en Grecia y España restringiendo su acceso a la atención médica no hacen más que empeorar una situación ya de por sí muy precaria. Estas políticas de exclusión del sistema de salud son potencialmente peligrosas para la salud pública, pero sobre todo son contrarias a la ética médica, y suponen un retroceso enorme en el respeto a la dignidad humana. Además, apuntan peligrosamente en la dirección de estigmatizar a los inmigrantes como culpables del "excesivo gasto sanitario", algo que numerosos estudios ya han desmentido.

Identificar el acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados con el llamado "turismo sanitario" no es sino un cruel sarcasmo hacia un colectivo ya de por sí muy vulnerable. Médicos Sin Fronteras ha trabajado y trabaja con migrantes en varios países de la Unión Europea, como Bélgica, Italia, Francia, Grecia, y también España, donde lo hizo entre los años 2000 y 2005. En todos estos países, hemos podido comprobar de primera mano la precariedad de las condiciones de acogida en unos casos, y de su acceso a los servicios de salud pública en otros.

Como organización médica, y como organización con experiencia en la asistencia a inmigrantes indocumentados en España, nos preocupa el retroceso que las reformas anunciadas por el Gobierno español suponen para su acceso al sistema público de salud. Hasta ahora, la Ley de Extranjería reconocía el derecho de los inmigrantes indocumentados a tratamiento vía tarjeta sanitaria a través del empadronamiento o, en su ausencia, vía urgencias hasta su alta médica. Ahora, España "ha descendido" al grupo de países que no reconocen este derecho universal, al limitarlo a casos de urgencia, maternidad y menores de edad. Esto implica excluir a la mayor parte de este colectivo: mayores de edad y mujeres no embarazadas verán muy limitado su acceso a tratamiento médico, al impedírseles acceder a la tarjeta sanitaria.

La experiencia de MSF en Madrid en 2004 y 2005 demostró que, en la práctica, para quienes no disponían de tarjeta sanitaria y accedían a los hospitales vía urgencias, la asistencia se mantenía sólo hasta el alta hospitalaria. Desde allí, eran referidos al médico de cabecera para continuar con el tratamiento. Sin embargo, al carecer de dicha tarjeta por falta de empadronamiento, no tenían acceso a la atención primaria, ni a la especializada, ni a los medicamentos necesarios para completarlo.

Esta situación, aun siendo la excepción, provocaba frecuentes abandonos de tratamientos médicos, especialmente preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las enfermedades crónicas. Según pudimos comprobar, los inmigrantes presentaban mayoritariamente enfermedades comunes, como las de cualquier ciudadano, aunque con un componente importante de patología infecciosa, gastrointestinal y traumatológica, que podría reflejar las condiciones sociolaborales en las que se encuentra inmerso gran parte de este colectivo.

Pero se detectaron también patologías de una mayor severidad, con grave riego para su salud y con posibles consecuencias para la salud pública: enfermedades infecciosas como hepatitis, esquistosomiasis, tuberculosis o VIH/sida. Patologías que obviamente se siguen dando en este colectivo en la actualidad.

Es decir, hasta ahora y con una legislación favorable, seguían existiendo lagunas que dificultaban en determinados supuestos el acceso a la atención médica normalizada. Con la actual reforma, la excepción se convertirá en norma y traerá graves consecuencias. La pretensión del Gobierno de delegar en organizaciones no gubernamentales una responsabilidad que le es inherente suena irónico, especialmente cuando se acompaña, como es el caso, de severos recortes a la financiación de estas últimas. En algunos casos, además, la delegación de responsabilidad ni siquiera es posible: por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales contra el VIH en España solo se dispensan en centros hospitalarios. Ni asumiendo su coste se podrían adquirir en una farmacia de venta al público.

Nos preocupan las consecuencias que esta exclusión del sistema sanitario pueda tener para el que es uno de los colectivos más desfavorecidos en España, como nos preocupa también la situación en países europeos de nuestro entorno. En Francia, donde trabajamos en la actualidad, constatamos que las barreras para acceder a una asistencia sanitaria que los "sin papeles" tienen garantizada por ley son muy grandes. En Italia, el acceso a la asistencia médica también está gravemente comprometido, debido a una legislación que criminaliza al inmigrante indocumentado.

Mención aparte merece el caso de Grecia, donde los inmigrantes sin papeles sólo tienen acceso a la sanidad pública en casos de emergencia. Desde el pasado 9 de abril, la ley impone revisiones médicas obligatorias de personas que padezcan enfermedades infecciosas o grupos vulnerables a las mismas, definiendo a todas estas personas como "amenazas para la salud pública". Es decir, no pueden acceder al sistema público de salud de una forma normalizada, pero se les obliga a pasar por una revisión médica. El colmo de la paradoja.

La aplicación de esta nueva normativa en Grecia se ha traducido en redadas policiales contra los inmigrantes indocumentados, unas operaciones que sólo pueden infundir el terror en este grupo de personas y empujarlas a esconderse, impidiendo su acceso a la atención médica cuando realmente la necesitan, y facilitando así el contagio de enfermedades. Políticas restrictivas, alarmistas, criminalizadoras, discriminatorias y poco éticas que se toman en nombre de la protección de la salud pública acaban poniendo en riesgo esa misma salud pública: esta sólo puede promoverse cuando se responde a las necesidades médicas de todos los grupos sociales.

El camino hacia Europa de los inmigrantes suele estar marcado por la necesidad y muy a menudo por la violencia. Nuestros proyectos en países de tránsito como Marruecos así lo acreditan. Y para quienes consiguen llegar, la experiencia nos indica que los gobiernos europeos tienden a hacer una clara dejación de responsabilidades, que comienza en los centros de detención y tránsito -en Evros (Grecia), en 2011, el 60% de los problemas médicos de los detenidos se debían a las insalubres e indignas condiciones de estos centros- y prosigue en el acceso a la sanidad pública.

Hay una gran incoherencia entre lo que los gobiernos europeos dicen defender fuera de nuestras fronteras (operaciones armadas en nombre de la protección de los civiles) y lo que luego practican tanto en estas fronteras como dentro de ellas cuando estos mismos civiles llegan a Europa. El ejemplo de Libia el año pasado es extremo, casi caricaturesco: mientras por un lado la Unión Europea apoyaba una intervención militar "humanitaria" para proteger a la población civil, por otro los Estados europeos impedían el acceso de las víctimas de esta misma guerra a sus territorios, con el pretexto de prevenir la afluencia masiva de inmigrantes indocumentados.

A pesar de las numerosas convenciones y tratados ratificados por los Estados miembros de la UE e incluidos en sus propias Constituciones nacionales, que reconocen el acceso a la salud como un derecho básico universal, la realidad de las leyes y prácticas actuales se desvía de estas obligaciones, y un elevado porcentaje de inmigrantes sin papeles no tienen acceso a ningún tipo de atención médica, algo incongruente con el grado de desarrollo social de Europa. Para muchas de estas personas, no es un problema administrativo o legal sino, sobre todo, de salud y dignidad.

Las instituciones europeas y los Estados miembros de la UE, entre ellos España, tienen la responsabilidad de garantizar que las políticas económicas o de cualquier otra naturaleza y las prácticas migratorias no se apliquen a expensas de la salud de los inmigrantes: la categorización de estas personas como "ilegales" no puede justificar su exclusión de la atención médica. A la postre, no es una cuestión económica, ya que de hecho no se le puede poner un precio: se trata de mantener un mínimo principio de humanidad con quienes viven entre nosotros en situación más vulnerable.