Javier Guzmán, de Justicia Alimentaria: "Si tenemos escuelas públicas y sanidad pública, ¿por qué no una red pública de alimentación que garantice unos mínimos dignos?"
La propuesta no pasa por sustituir al comercio privado, sino por ofrecer una red pública que actúe como garantía para quienes tienen más dificultades para llenar la cesta de la compra.
La propuesta de crear una red de supermercados públicos vuelve a situarse en el centro del debate sobre el acceso a una alimentación saludable y asequible. Para Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, quien ha podido hablar en una entrevista con el diario 'El País', la cuestión va mucho más allá del modelo comercial. En su opinión, la alimentación debe entenderse como un derecho básico, al mismo nivel que la educación o la sanidad.
“Lo primero es entender que la alimentación es un derecho, igual que la salud y la educación. Si tenemos escuelas públicas y un sistema público de salud, ¿por qué no podemos tener también una red pública de alimentación que garantice unos mínimos dignos a todas las personas?”, plantea.
La propuesta no pasa por sustituir al comercio privado, sino por ofrecer una red pública que actúe como garantía para quienes tienen más dificultades para llenar la cesta de la compra. Según Guzmán, el objetivo sería asegurar un acceso estable a alimentos saludables, especialmente en un contexto en el que el precio de productos básicos sigue aumentando.
La preocupación está relacionada con la pobreza alimentaria, una realidad que afecta a millones de personas. Muchas familias reducen el consumo de frutas, pescado, carne o aceite de oliva cuando los precios suben, optando por productos más baratos y, en muchos casos, menos nutritivos. Esta situación repercute directamente en la salud y aumenta las desigualdades sociales.
Los defensores de este modelo sostienen que una red pública podría reducir costes al trabajar con menores márgenes comerciales y favorecer el consumo de alimentos frescos y de proximidad. Además, permitiría reforzar el tejido agrícola y ganadero local mediante acuerdos directos con productores, acortando la cadena de distribución.
En España, Justicia Alimentaria considera que existe una oportunidad para desarrollar este sistema aprovechando la infraestructura de los antiguos mercados municipales. Muchos de estos espacios han perdido su función original, mientras que otros permanecen cerrados o infrautilizados. La organización propone recuperarlos y adaptarlos a las necesidades actuales, convirtiéndolos en centros de distribución de alimentos frescos y de cercanía.
"No se trata de sustituir a las empresas privadas, sino de ofrecer una base de seguridad"
Guzmán pone como ejemplo experiencias desarrolladas en municipios guipuzcoanos, donde antiguos mercados se han transformado en espacios que reúnen venta de productos locales, servicios de preparación de pedidos y suministros para comedores escolares y residencias. A su juicio, estos proyectos demuestran que es posible crear lugares atractivos para toda la población y no únicamente destinados a personas con menos recursos.
“No se trata de sustituir a las empresas privadas, sino de ofrecer una base de seguridad. Imagínate cómo sería la vida sin educación ni sanidad públicas. Pues eso es lo que pasa hoy con la comida”, afirma.
El debate, sin embargo, también genera dudas. Entre las principales críticas figuran el elevado coste que supondría para las administraciones, la posible competencia con el comercio privado y el impacto limitado que podría tener sobre los precios finales, dado que las grandes cadenas ya operan con márgenes reducidos.