Alejamiento virtual o que el pediatra pregunte por el uso del móvil: claves del anteproyecto de ley para la protección digital de los menores

Como un punto de partida. Así entiende el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales que se ha presentado este martes en el Consejo de Ministros.

Como ha especificado en la rueda de prensa posterior Félix Bolaños, ministro de Presidencia, el objetivo de esta futura ley que echa a andar es garantizar el derecho de los menores al honor y a la intimidad en el mundo digital "y proteger los datos personales que de manera voluntaria o involuntaria se dan en redes".

"Evitamos riesgos para los menores y facilitamos la tranquilidad de las familias", ha recalcado. Como ha recordado, la edad media a la que los menores tienen el primer móvil es de 11 años.

Consagración de derechos

Esta futura ley, en la que trabajan de forma conjunta los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Juventud e Infancia, Transformación Digital y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, consagra derechos digitales de los menores, como queda patente en el artículo 2:

1. Las personas menores de edad tienen derecho a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo.

2. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías, así como de sus derechos y de los riesgos asociados al entorno digital.

3. Las personas menores de edad tienen derecho al acceso a la información, a la libertad de expresión, y a ser escuchadas.

4. Las personas menores de edad tienen derecho al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales.

Cambios en el Código Penal

La nueva norma introduciría algunos cambios en el Código Penal para que los menores, además de quedar protegidos en el plano físico, lo estén también en el digital. De esta manera, se incorporaría una pena de alejamiento virtual para los "agresores condenados", mediante la cual se prohibiría el contacto por redes sociales, foros, plataformas de mensajería u otros medios virtuales.

También se tipifica como delito la creación o difusión de lo que llaman ultrafalsificaciones de voces o vídeos con contenido sexual o vejatorio. 

Bolaños ha recordado el caso de los deepfakes de Almendralejo, donde hubo más de una veintena de denuncias por la difusión de imágenes de falsos desnudos mediante inteligencia artificial a partir de fotografías de chicas menores.

Entre los cambios legislativos, también se contempla un agravamiento de penas cuando se use una identidad falsa y la elevación de los 14 a los 16 años para prestar consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal para acceder a redes sociales.

Medidas en el ámbito sanitario y educativo

El anteproyecto de ley también incluye medidas en el ámbito sanitario, como la inclusión de test sanitarios pediátricos que puedan detectar usos problemáticos de móviles y otros dispositivos, como un comportamiento adictivo. De esta manera, en los chequeos rutinarios que se realizan en la atención primaria se incluirían preguntas que puedan dar pistas sobre ello.

Desde el ámbito educativo, se fomentará la alfabetización digital y mediática mediante un itinerario curricular transversal con el que, al igual que ocurre con la educación sexoafectiva, se den herramientas para funcionar en el ámbito digital, conocer los peligros o detectar bulos y fake news.

Control parental y otras medidas

Como se conoció este lunes, el Gobierno también quiere que cuando se adquiera un móvil, una tablet, una smart tv o un ordenador, el aparato traiga de fábrica un sistema de control parental que sea sencillo, obligatorio y gratuito.

Esta funcionalidad se activaría cuando se hace esa primera configuración, en la que, por ejemplo, se deciden opciones como el idioma. Quedaría bajo el criterio de cada familia si mantenerlo activo o no.

Además, Bolaños ha incidido en que las plataformas de intercambio de vídeos "estarán obligadas a tener un enlace directo al canal de denuncias y los sistemas de control parental" y, además, se prohibirá el acceso de los menores a los llamados mecanismos aleatorios de recompensa o cajas botín de algunos videojuegos.

Por otro lado, se desarrollará una Estrategia Nacional de protección de la infancia y la adolescencia en los ámbitos digitales que se presentará tras el verano y "se revisará cada tres años", para adaptarse al mundo cambiante que suponen las nuevas tecnologías. Se apoyará en las conclusiones del medio centenar de expertos que comenzaron a trabajar a principios de año en unas recomendaciones que presentarán el 20 de junio.