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Europa da la razón y Feijóo sigue dando la espalda

Europa da la razón y Feijóo sigue dando la espalda

La Gran Sala del TJUE ha resuelto y lo ha hecho con una claridad que no deja resquicio para la duda razonable, ni siquiera para la duda interesada.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoEuropa Press via Getty Images

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia. No una opinión, no un editorial, no un tuit a las once de la noche: una sentencia. Y lo que dice, lo dice muy claro: la ley de amnistía es plenamente compatible con el Derecho Europeo y con los valores de la Unión. Es, además, una validación desde tres puntos de vista: desde el de los derechos humanos tras el informe favorable de la Comisión de Venecia, desde el constitucional enmarcando la ley dentro de nuestra Constitución, y desde el derecho europeo. Sin margen a interpretaciones, sin margen de duda.

Es lo que llevamos diciendo desde hace dos años. Y es lo que el legislador siempre quiso y por lo que se trabajó en la tramitación parlamentaria. Hoy se hace más evidente lo que el propio nombre de la ley dice: ley de amnistía para la normalización institucional, política y social de Catalunya. Que Europa diese su conformidad jurídica a una ley que venía a acompañar jurídicamente un proceso político de normalización en Catalunya y de lo que muchos estábamos convencidos.

La Gran Sala del TJUE ha resuelto y lo ha hecho con una claridad que no deja resquicio para la duda razonable, ni siquiera para la duda interesada. La amnistía no perjudica los intereses financieros de la Unión ni vacía de contenido la directiva contra el terrorismo. No constituye tampoco, como tanto les gusta repetir a la derecha, la ultraderecha y sus voceros, una autoamnistía.

Su objetivo —reducir tensiones institucionales y políticas, facilitar un escenario de reconciliación— es, dice Luxemburgo, perfectamente compatible con el derecho comunitario. Tras más de dos años desde su aprobación, la ley para la normalización social, política e institucional de Catalunya sale, otra vez, impecable y lista para producir la totalidad de sus efectos.

Cabe recordar en estos momentos todo lo que se ha dicho por parte de la derecha: que era una vergüenza nacional. Que era corrupción política pura y dura. Que era un fraude, una regresión democrática, un acto de impunidad comprado a cambio de siete votos. Que no cabía en la Constitución, que chocaba frontalmente con el derecho europeo, que carecía de todo aval jurídico.

Ahora, tras el aval europeo, todo eso se demuestra como lo que fue y lo que es: un intento de la derecha y la ultraderecha de socavar al Gobierno socialista, torpedear las iniciativas para reconciliar y situarse en un marco permanente de confrontación.

Porque el PP de Feijóo hace una política de derribo tras no aceptar que una mayoría parlamentaria, democrática y legítimamente, acordara una investidura y mantenga una legislatura. Esta política desesperada de Feijóo y el PP, de intentar conseguir fuera del Parlamento lo que no puede dentro, tenía en sus furibundas críticas a la ley de amnistía, una de sus piedras angulares de su acción política.

Hoy esta piedra, esta columna maestra de la estrategia de oposición, cae. Y lo hace de la mano de las instituciones europeas, de sus tribunales. Si el PP fuera un partido con una pizca de sentido de Estado, de respeto institucional o con algunas similitudes a algunas derechas europeas, hoy sería un día donde aceptarían la sentencia y rectificarían todo lo dicho y hecho hasta ahora. Mucho me temo que un partido que acaba de boicotear un acuerdo de amistad con nuestro vecino, Francia, seguirá secuestrado por sus halcones, verá en el TJUE un enemigo más y no cejará en la política de emponzoñamiento de la vida política y judicial española.

Porque ahí está la cuestión de fondo, la que de verdad separa a un lado y a otro de la política. Feijóo apostó su estrategia entera a que los tribunales, incluidos los europeos, tumbarían la ley. Apostó a la confrontación en lugar de a la convivencia, al bloqueo en lugar de al acuerdo, al desgaste en lugar de a la solución. Y va perdiendo. Estrepitosamente.

Feijóo pierde porque decidió, como aquellos entrenadores que no quieren la pelota, encerrarse atrás. Porque además ensució el campo de juego e hizo del choque su bandera. Feijóo pierde porque no tiene más estrategia que la confrontación, ni más política que la demolición, por los medios que sean, del adversario. Feijóo pierde porque ni tiene liderazgo ni sabe leer la sociedad y los tiempos que corren. Feijóo pierde porque han subarrendado su estrategia a Vox, y es Vox quien le marca el paso.

Feijóo pierde porque busca fuera lo que no consigue dentro. Y porque, en definitiva, al considerar ilegítimo al gobierno desde su inicio, está dando patente de corso a todas las acciones encaminadas a su derribo, desde dentro de las Cortes o, más destacado, desde fuera de ellas.

Hoy es un día también para reconocer la labor parlamentaria. La que se inicia con la Proposición de Ley del Grupo Socialista, la que se traduce en la negociación parlamentaria, en el debate democrático, en el acuerdo en ponencia y las votaciones en la Comisión de Justicia y en el Pleno del Congreso. Desde mi condición de portavoz de Justicia del Grupo Socialista y como ponente de la ley, solo puedo decir que me congratula que las instancias europeas validen el trabajo hecho desde el legislativo y den la razón a todos aquellos que, desde un lugar u otro, trabajaron con el convencimiento de estar ante una ley plenamente constitucional, respetuosa con el derecho europeo y que venía a ser un elemento principal del proceso de normalización institucional en Catalunya tras unos años donde mucho estuvo en riesgo.

Dedicarse a la política, lo hemos dicho siempre desde el Grupo Socialista, es tomar decisiones, no aplazarlas. Es afrontar los problemas y solucionarlos, no crearlos para luego rentabilizarlos electoralmente. Es llegar a acuerdos con quien no piensa como uno mismo, no exigir la rendición del adversario como condición para hablar. Esta es la diferencia entre entender la política como un lugar de encuentro y entenderla como un patrimonio exclusivo.

Lo ha dicho esta misma semana el president Salvador Illa: ya no queda ningún obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida la plena aplicación de la ley. Y tiene razón en algo más: esta sentencia no es un punto de llegada, es una puerta que se abre. Catalunya no ha esperado al TJUE para liderar la creación de empleo, la captación de inversión, la construcción de vivienda pública, la mejora de la dependencia o la investigación científica en España. Lo ha hecho ya, con un Govern que ha optado por la responsabilidad frente al ruido. La convivencia no era una entelequia. El diálogo no era una rendición. Europa ha hablado y Catalunya sigue adelante.

Francisco Aranda, portavoz socialista de Justicia en el Congreso y diputado por Barcelona

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