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10/01/2013 11:02 CET | Actualizado 11/03/2013 10:12 CET

¿Por qué María Dolores de Cospedal se enfada con Greenpeace?

No niego mi estupor ante el anuncio realizado por Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de interponer una demanda contra Greenpeace por vulneración del derecho al honor de su presidenta, María Dolores de Cospedal. El origen de todo está en el informe Amnistía a la destrucción presentado por la organización ecologista el pasado mes de diciembre en el que se revelaba un posible conflicto de intereses del Partido Popular en el proyecto de reforma de la Ley de Costas. Dicha reforma busca privatizar la costa en favor de empresas y propietarios sobre terrenos de dominio público. Porque las playas, las dunas, los acantilados, los más de 8.000 km de litoral son patrimonio de todos, no de unos pocos.

Quien haya leído el informe verá que éste señala claros favorecidos por la reforma de la Ley, todos ellos cercanos al entorno del Partido Popular, por mucho que no le guste oírlo a María Dolores de Cospedal. No es aceptable que la presidenta de Castilla-La Mancha trate de intimidar a los medios de comunicación instándoles a retirar la información sobre el informe del que se han hecho eco si no quieren recibir la misma "medicina" que Greenpeace. La libertad de expresión siempre debe prevalecer sobre los intereses particulares y los medios son libres de hacerse eco de las informaciones que consideren relevantes. María Dolores de Cospedal es libre de hacer publica su versión, pero presionar a los medios para que se silencie el informe de Greenpeace es anacrónico e impropio en un Estado democrático.

El proyecto de ley regala a unos pocos nuestro patrimonio público desprotegiendo ecosistemas, prolongando la ocupación privada de la costa 75 años más e ignorando irresponsablemente el peligro y costes derivados del cambio climático. Un proyecto de reforma legislativa presentado como urgente pero que para sorpresa de muchos no estaba ni siquiera contemplado en el programa electoral con el que el PP se presentó a las pasadas elecciones generales. Y uno se pregunta ¿urgente para quién? ¿Por qué el PP ignora de forma sistemática los numerosos pronunciamientos en favor de la actual Ley de Costas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados? ¿Por qué ignora la ciencia existente sobre cambio climático, erosión marina y protección de los ecosistemas?

No puede haber impunidad para este comportamiento. El proyecto de modificación de la Ley de

Costas está todavía pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados, y es preciso que

los grupos del arco parlamentario traten, por decencia política, de paralizar por todos los medios a su alcance la tropelía ambiental que supondrá la reforma de la Ley de Costas de 1988. Porque, por incomoda que resulte la realidad, no deja de ser eso, la triste realidad de lo que nos está tocando vivir.

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